El presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero,y el líder del PP, Mariano Rajoy, han acordado acometer después de agosto la renovación del Consejo General de Poder Juidicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC).

Pese a hablar del mes de septiembre, Zapatero ha concretado que durante la cita no han concretado los nombres de los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Este “amplio acuerdo” pretende “modernizar la Justicia” mediante “la puesta en marcha de la Oficina Judicial en toda España”, la informatización de los juzgados y tribunales para que no vuelva a producirse un caso Mari Luz, la agilización de “los juicios rápidos” y proceder a algunos cambios legislativos en lo que se refiere a los “delitos más graves”, como endurecer la legislación respecto a los delitos sexuales y crear un registro de pederastas.

Rajoy ha lamentado, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, que no se haya llegado a un acuerdo sobre el modelo judicial, que pasa a juicio del PP por un fortalecimiento del Tribunal Supremo.

Reformas legales contra ETA

Ambos líderes han calificado el encuentro de positivo, aunque Zapatero ha mostrado más entusiasmo al explicar que ha sido una “reunión con acuerdos y con frutos”. Entre éstos ha destacado el “principio de acuerdo” al que ha llegado con Rajoy en materia antiterrorista.

Gobierno y PP han decidido incluir en la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo una disposición referida a la necesidad de que todas las Administraciones tomen las medidas que conduzcan a la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos como nombres de calles, plazas o parques que enaltezcan personal o colectivamente a los terroristas.

De igual forma, el Gobierno va a estudiar con el PP la legislación penal para reformar en los delitos terroristas y en defensa de los derechos de las víctimas las penas accesorias y las medidas de aseguramiento frente a terroristas que salgan de la cárcel tras cumplir sus penas, para que no se repita un caso como el de José Ignacio De Juana Chaos, que en agosto saldrá de la cárcel y será vecino en San Sebastián de víctimas del terrorismo.

De igual forma se revisarán los mecanismos de preservación del patrimonio universal presente y futuro de los terroristas para la satisfacción integra de sus responsabilidades civiles.

Los dos políticos han pactado “estas dos reformas legales” y cinco principios inspiradores de “esta política de entendimiento” que debe regir la lucha contra ETA: tener una estrategia compartida en la lucha antiterrorista, apoyar a las víctimas, respaldar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, asegurar que el terrorismo “no tiene vías políticas” y “no conseguirá nada por matar ni por por dejar de matar” (ha subrayado Rajoy) y mejorar la cooperación internacional.

El presidente del Ejecutivo ha informado que el acuerdo al que ha llegado con Rajoy será explicado al resto de los grupos políticos y  ha apostado por la “unidad de los demócratas”, una unidad “lo más amplia posible”.

Antagonía económica

No obstante, ambos líderes han chocado al abordar la situación económica, y el diálogo se ha convertido “en debate”. “Rajoy no ha aportado ninguna idea novedosa”, ha opinado Zapatero, mientras que el líder de la oposición ha lamentado profundamente “que el Gobierno se empecine en el diagnóstico que tiene de la situación económica y piense que las cosas se arreglan solas”.

Rajoy ha explicado al presidente del Gobierno las medidas que ya presentó su partido en el Congreso de los Diputados, que buscan limitar el gasto público y aprobar un plan de austeridad para las administraciones públicas, así como reformas fiscales para aumentar las deducciones a los propietarios de vivienda con hipoteca y reducir el impuesto de sociedades para pequeñas y medianas empresas.

“Sin una buena política económica no habrá una buena política social”, ha sentenciado el presidente del PP.