Tomás Villanueva y Isabel Alonsoexplicarán el caso en las Cortes

Ical Burgos
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró ayer que la vinculación de funcionarios de la Administración regional con el caso de las licencias solares es “muy limitada, muy individual y muy localizada” y explicó que se resolverá, “sin ningún tipo de desviación”, en el ámbito de la Ley de Incompatibilidades a la que están sujetos y obligados los cargos y empleados públicos para mantener “la honradez y transparencia”.
Herrera, en su primera comparecencia tras las vacaciones estivales, no dio este caso por cerrado ya que está abierta la investigación reservada a 11 funcionarios para determinar si han cumplido o no la ley al combinar su actividad pública con la participación en empresas de instalación de paneles solares así como el expediente disciplinario, que concluirá con una sanción, al cesado secretario territorial de la Junta en León, Javier Lasarte. Tras la investigación abierta por la Junta, después de que el pasado 1 de agosto se conociera que el ex secretario territorial de la Junta en León, Javier Lasarte, es administrador de una empresa de placas solares que ha obtenido 11 licencias de la Administración regional, el presidente limitó la implicación de funcionarios a “un número” reducido que se va a resolver por parte de la Inspección General de Servicios mediante la comprobación de sí han cumplido o no la Ley de Incompatibilidades.
No obstante, advirtió de que no va a permitir que “se haga un juicio o un valor genérico a funcionarios” cuya vocación es de servicio a los ciudadanos y lanzó, en este sentido, un mensaje de “orgullo, respeto y agradecimiento” al trabajo que realizan las más de 85.000 personas que trabajan en la Administración regional. El presidente remarcó que las actividades detectadas en un grupo “muy limitado” de funcionarios, de ellos seis han sido cesados por “la quiebra de confianza”, tendrán “su tratamiento, sin ningún género de dudas, porque no cabe ninguna desviación”, en el marco de la normativa de incompatibilidades a la que están obligados desde “la honestidad y la transparencia”.
También manifestó que la Juntadará explicaciones en las Cortes regionales, en referencia a la petición de comparecencia de los consejeros de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y de Administraciones Públicas, Isabel Alonso, pedida por el Grupo Socialista, cuya solicitud analizará la Diputación Permanente del Parlamento regional en su reunión del próximo 28 de agosto. El Grupo Socialista también ha solicitado la comparencia del presidente de la Junta para explicar el caso en las Cortes, si bien la petición se formula sobre un artículo del Reglamento que ha sido derogado en el nuevo Estatuto de Autonomía, de manera que, según fuentes parlamentarias, será rechazada el próximo lunes por la Mesa de las Cortes. La Junta ha abierto dos investigaciones sobre el caso, una para comprobar si en la tramitación de las licencias se produjo trato de favor a las empresas en las que participan funcionarios y otra para determinar la compatibilidad o no de estas actividades por parte de los implicados. De la primera se ha reflejado que no hubo trato de favor ni se ha perjudicado a terceras personas y la segunda se mantiene abierta.