El director facultativo de la Empresa pública de Gestión Medioambiental Egmasa y dos funcionarios de la delegación de la consejería de Medio Ambiente en Sevilla han sido imputados por un presunto delito de vertidos y de establecimiento de productos tóxicos al arroyo Los Frailes, en la desembocadura del río Guadiamar.

El juez de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar La Mayor les dejó ayer en libertad después de tomarles declaración tras las denuncias de Ecologistas en Acción que desde 2008 alerta de “importantes focos de contaminación que amenazan permanentemente al río Guadiamar y los espacios naturales de Doñana”.

Se dala circunstancia de que es la misma zona donde hace 13 años se produjo la catástrofe ecológica por el vertido de Boliden en la balsa de Aználcollar, hechos por los que los ecologistas exigen a la Junta de Andalucía “soluciones definitivas a la permanente contaminación” de la zona.

El portavoz ecologista José Luis Anguita estimó que si hay tres personas imputadas es “porque el juez ve inditos de delito” y consideró esta situación lo suficientemente grave como para rechazar las políticas de la Junta, muy insensibles con los problemas de las cuencas mineras y con la contaminación”.