La dirección leonesista apela al mandato de discreción del Comité Ejecutivo

E.F.G. León
La cúpula de la UPL apela al cumplimiento del mandato del Comité Ejecutivo para mantener un mutismo absoluto sobre la decisión adoptada respecto a la suspensión de militancia a Joaquín Otero, Luis Herrero Rubinat y Héctor Castresana durante cuatro años, tres años y seis meses, respectivamente.
La dirección leonesista, que remite a una próxima convocatoria ante los medios de comunicación para dar detalles de la resolución adoptada en la reunión mantenida este martes y a instancias de lo acordado por la comisión de conflictos, evita pronunciarse sobre una crisis que supone un antes y un después en la historia de un partido que acumula convulsiones en los tiempos recientes. La UPL vive ahora un momento de incertidumbre que, eso sí, queda todavía lejos de las próximas citas electorales.
La salida del partido de los sancionados, especialmente la de Herrero Rubinat y Joaquín Otero, quien ocupó la secretaría general de la formación durante 11 años y asumió el liderazgo de la misma tras la salida de José María Rodríguez de Francisco, supondrá un nuevo golpe para parte de la militancia y el electorado leonesista.
El propósito de Melchor Moreno de “refundar” el partido bajo su dirección y la presidencia de Javier Chamorro, puede verse seriamente dificultada.
Precisamente fue el pacto de gobierno PSOE-UPL que convirtió a Chamorro en vicealcalde de León -rechazando la Alcaldía que le habría proporcionado un supuesto acuerdo con el PP- supuso el inicio de un camino sin retorno en la división interna de la UPL.
De cumplirse el mandato del Comité Ejecutivo que Joaquín Otero asegura que va a recurrir ante los tribunales ni él ni Luis Herrero podrán concurrir en las filas de la UPL en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Además, el partido podría reclamar a Otero y a Héctor Castresana sus actas de procuradores autonómicos.
El ex secretario general ya advirtió, antes incluso de disponer del dictamen del Comité Ejecutivo, de la presentación de una demanda por vía civil en los juzgados de León, por defectos de forma en el expediente sancionador, lo que posiblemente se traducirá en la suspensión cautelar del procedimiento. También acusó a Moreno de querer convertirse en procurador autonómico y Chamorro de aspirar a revalidar su candidatura a la Alcaldía de la capital leonesa.
Cabe recodar que las sanciones impuestas a Otero, Rubinat y Castresana, cuyo contenido no ha sido desvelado hasta el momento, hacen referencia a hechos y actitudes de los implicados. En concreto, a Otero se le acusa de no estar al corriente de pago de las cuotas de afiliación -cuestión que resolvió después de darse a conocer esa circunstancia-, de no entregar al partido las percepciones económicas de os procuradores autonómicos (12.800 euros mensuales de los que se aportaban 2.500), de abrir una sede parlamentaria, de no participar en la campaña electoral de las pasadas elecciones generales, de hacer declaraciones contra el candidato de la UPL al Congreso en esos comicios y de menospreciar a la dirección leonesista. A Herrero Rubinat y a Héctor Castresana se les expedienta por apoyar el comportamiento de Joaquín Otero. La UPL ofrece hoy datos concretos sobre las sanciones.