La batalla de la financiación autonómica está servida. La reacción del presidente Herrera fue tan dura y vehemente como cargada de razones. El hecho de que Solbes hiciera público el balance fiscal de las comunidades antes de marcar las líneas maestras de la negociación es absolutamente intencionado y se ha hecho para condicionarla y llevarla por los caminos mercantilistas de los gastos y los ingresos, que por algo estamos ante la crisis más compleja de toda la historia como reconoció por fin el vicepresidente. La publicación de los balances fiscales no hace sino poner en evidencia que son las comunidades ricas las que ayudan a financiar a las pobres, entre las que nos encontramos y que si sólo dispusiéramos de los ingresos fiscales que generamos seríamos una sociedad en quiebra. Claro que hay gato encerrado. Estos argumentos del Gobierno servirían si lo que se defendiera fuera un modelo de desintegración de la nación, en el que cada autonomía fuese buscando su independencia, pero eso no es lo que defiende el Gobierno de Zapatero, que personalmente a Herrera prometió que el criterio de población en el que se basa el modelo fiscal no sería el aplicable, sino que se tendría en cuenta la territorialidad, la dispersión y otros factores como el envejecimiento, en fin, la solidaridad interterritorial; y es de suponer que es lo mismo que ha comprometido con otros presidentes de comunidades ‘pobres’, como Asturias o Extremadura, que se convertirán en aliados de Castilla y León si se sigue adelante por estos derroteros. Herrera ha ido más lejos aún afirmando que no «dejará pasar ni una», ni siquiera a los de su propio partido si la secundan. En clave más local la postura de Herrera significa una rotunda defensa de León, porque si hay una provincia en quiebra fiscal ésta es León.