Ahora que que en los bolsillos del ciudadano medio apenas queda ya otra cosa que la pelusa, por fin el ministro de Hacienda parece dispuesto a recaudar dinero en alguno de sus auténticos refugios. Aunque llega tarde, hay que aplaudir que pida a los órganos judiciales que agilicen la resolución de los litigios fiscales pendientes que tienen la inmensa mayoría de las grandes empresas. Si no queda todo en una mera operación propagandística, sería un acto de justicia múltiple.

Con los 6.000 millones que los inspectores de Hacienda calculan retenidos en un limbo mediante estas técnicas dilatorias, se podría no solo cubrir, sino mejorar el presupuesto previsto para 2014 en I+D+i (5.633 millones en el proyecto del Gobierno), una inversión vital para la recuperación económica de España y su futuro. En comparación, son pelusa no ya los 15 millones presupuestados para las becas Erasmus, sino también los 37 que se gastaron durante el ejercicio anterior en el programa que más ha contribuido a superar el lastre español del desconocimiento de otros idiomas. Y así, cada uno puede ir añadiendo los ejemplos que estime más pertinentes sobre estos puntos suspensivos: …

Además, aunque los litigios cuya resolución reclama Montoro que se agilice son de índole administrativa y, por tanto, no pueden considerarse propiamente como un fraude fiscal, confirman que no todos los contribuyentes somos iguales frente a Hacienda. A priori, cualquier ciudadano puede discrepar con el fisco, pero en la realidad solo pueden hacerlo quienes disponen de medios suficientes para pagar a una legión de abogados y asesores fiscales.