Acusa a la Junta de ralentizar el desarrollo de la Ley de Dependencia

J.J. Porras León
El sindicato UGT denunció ayer que la Junta tiene paralizados en León 14.000 solicitudes de ayudas de la Ley de Dependencia, ralentizando intencionadamente la tramitación de estas ayudas de las que a día de hoy sólo se benefician 288 personas en toda Castilla y León.
El secretario general de UGT en León, Arturo Fernández, compara este número con las 12.847 personas que ya disfrutan de estas ayudas en Andalucía, las 1.500 de Castilla La-Mancha y en contraposición los apenas 20 expedientes tramitados en Madrid. “Hay una disparidad total –dependiendo del color político– en los criterios que se aplican a las personas que tienen derecho a beneficiarse de esta ley”. Exigiendo Fernández que “no haya discriminaciones en función del territorio donde se viva”, apuntando que en la provincia de León se calcula que existen unas 30.000 personas dependientes.
El secretario provincial de la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados (UPJP) de UGT, Paulino Bejega, fue más allá en sus críticas a la Junta al afirmar que Castilla y León es el “núcleo duro del PP” y el que está “poniendo todas las trabas al desarrollo de la ley”.
Causa por la que Bejega pidió el cese del consejero de Familia, César Antón, a quien responsabilizó de la actual paralización de los expedientes y de haber perdido 15,4 millones de euros en 2007entregados por el Gobierno central y que no se invirtieron al no desarrollar la normativa de Dependencia. Una situación que se podría repetir este ejercicio, advirtió Bejega.
Por todas estas causas, UGT a convocado una concentración de protesta el próximo 1 de octubre ante la Consejería de Presidencia en Valladolid. La protesta, que se hará coincidir con la celebración del Día del Mayor, se repetirá en el resto de comunidades autónomas.
En la misma, según Fernández, se exigirá a la Junta que cumpla con sus obligaciones con Ley de Dependencia. Asimismo, a nivel estatal se entregará un documento a la ministra del ramo en el que se “exige que todas las regiones apliquenlos mismos criterios”.