“Tiene derecho a un abogado. Si no puede permitírselo, el Estado le asignará uno de oficio”. Esta frase, imagen de película, es una realidad recogida por la Constitución española.

Los encargados de materializar este pasaje, los abogados de oficio, y la Comunidad de Madrid llevan meses de pelea porque los letrados tardan mucho en cobrar los servicios de asistencia a ciudadanos con poco recursos, que debe abonar la Consejería de Justicia. Hoy se adeudan 29 millones de euros. “Cobrarán en breves fechas” dijo hace unas semanas la consejera Regina Plañiol.

Pero ¿a quién se le proporciona letrado? A los ciudadanos en cuya familia no se gane más de 14.900 euros al año o 29.000 si tienen cargas extraordinarias. Unas 300.000 personas el año pasado. Justicia repite que debe reformarse esta ley de 1996 para que se pague “sólo a los que lo necesitan”. Es la Comunidad, mediante la Comisión de Asistencia Jurídica la que dictamina si un madrileño tiene derecho efectivo a este servicio. Como las resoluciones sobre las solicitudes de asistencia gratuita tardan, de media, más de dos meses, “muchos procedimientos ya están terminados”, afirman en el Colegio de Abogados (ICAM).

El año pasado se designaron 134.000 letrados. En este se han reducido un 10%. La factura de los abogados de oficio cae un 10% cada trimestre 2011. Los arrestados deben disponer de un abogado aunque no lo deseen. En 2010 esta asistencia se llevó 107.000 designaciones. Cada día reciben 1.000 llamadas de consulta desde juzgados, comisarías o centros de internamiento de extranjeros.  Para que luego se justifique el cobro ante la consejería, los detenidos tienen que remitir su documentación económica. Y ahí surge el problema: “Muchas son personas sin domicilio, desestructuradas, inmigrantes sin documentación; no hay forma de recopilar esos datos pero la asistencia que prevé la ley ya está realizada”.

A menudo se apunta que los propios abogados dilatan los procesos judiciales con apelaciones y recursos. Ellos contraponen: “La ley obliga”, a menos que “el cliente se niegue”.También se critica que el sistema atasca todavía más la justicia, ya que los jueces paralizan procesos si se ha pedido un letrado al turno, aún sabiendo que será rechazado. “Deben tramitarse los expedientes aunque sean negativos, pero no se envía abogado”, explican. La negativa de la consejería es la que desatasca el caso. “A veces sí puede ser una estrategia para alargar un desahucio”, admiten en el colegio. Para la consejera Plañiol, esta es una “protesta política”, ya que, argumenta “se acaba pagando”. El presupuesto de 2012, de 30,9 millones, es el mismo desde 2008. Y se lo comerá entero la deuda de 2011. Será un vuelta a empezar.