Mariano Rajoy y su equipo económico –quizá con alguna excepción- son una rareza entre los gobiernos de la democracia, ya fueran del PP o del PSOE. El inquilino de la Moncloa no es un forofo de los banqueros, ni tampoco de los gerifaltes de las grandes empresas del Ibex. Rajoy, por ejemplo, habla menos con Botín (Santander) y con Francisco González (BBVA) que cualquiera de sus predecesores, algunos de los cuales casi llegaron a suspirar por aparecer al lado de –alguno según los tiempos- los señores del dinero. El líder del PP, que ayer presentó su reforma de las Administraciones Públicas, practica un distanciamiento similar, entre lo brechtiano y lo gallego, con los principales del Ibex, desde Alierta (Telefónica) a Sánchez Galán (Iberdrola). Trata con ellos, claro, pero no es forofo, con matices por supuesto, ni de los grandes bancos ni de las grandes empresas. La prueba más palpable es la tensión que mantiene desde hace muchos meses el Gobierno, a través del ministerio de Industria de José Manuel Soria y con Alberto Nadal de ariete, con las eléctricas, vistas desde la Moncloa y sus aledaños como un poder en sí mismo, un oligopolio al que hay que meter en vereda. Además, siempre es popular enarbolar la bandera de controlar el precio de la luz. Muy diferente es lo que puedan pensar esos cientos de miles de pequeños accionistas de las eléctricas, muchos pensionistas y votantes del PP, que complementan sus pensiones con dividendos modestos.
Rajoy y su equipo económico tienen lista su hoja de ruta económica más inmediata, con vocación de medio y largo plazo, con la competitividad por bandera. Apoyan su apuesta en la historia reciente y en que, desde necesario el advenimiento del euro –el día antes de la moneda única la prima de riesgo era de 550 puntos-, los precios y los salarios subieron en España mucho más que en el resto de la UE y la competitividad se hundió. El histórico sistema español de arreglar ese desaguisado fue devaluar más o menos cada cinco años, algo que ahora es imposible. Por eso, Rajoy y los suyos, ante la evidencia de que los salarios subieron en España 30 puntos con respecto a Alemania en la era euro, quieren precios estables y salarios estables durante varios años para mantener la competitividad, “porque es la única manera de que aumente el empleo”. Para conseguirlo, el Gobierno utilizará el nuevo Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), cuyo objetivo es que precios y salarios permanezcan estables –crezcan lo mínimo- durante unos años hasta recuperar toda la competitividad perdida. Además, Rajoy y su entorno, suspicaces con grandes bancos y empresas, quieren concentrarse en el apoyo a las “MES”, es decir, las medianas empresas, la parte “MES” de las “PYMES, porque entienden que son las que de verdad exportan y, sobre todo, crean empleo. Toda una apuesta, tan atípica como novedosa y tampoco exenta de riesgos. Es la teoría de las “MES”
(Una versión de este artículo se ha publicado en El Periódico de Cataluña)
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