El presidente del Gobierno italiano espera la ratificación en un mes

A.J. Roma
El Gobierno italiano aprobó ayer un proyecto de ley con el que el primer ministro, Silvio Berlusconi, intenta conseguir nuevamente la inmunidad, que le permitirá suspender los juicios que tiene pendientes, lo que no logró durante su anterior mandato (2001-2005).
“No es posible que me tenga que dedicar todos los sábados a preparar las audiencias de los juicios, en vez de trabajar para el país”. Así justificó el máximo responsable del AC Milan hace unos días su intención de volver a presentar una norma que la oposición considera hecha a su medida.
En 2004, promulgó una ley que otorgaba el estatus de intocable a los cinco cargos más importantes del Estado, pero, tras ser aprobada por el Parlamento, el Tribunal Constitucional la anuló al considerarla contraria a los principios de la Carta Magna.
El líder del centroderecha ha esperado poco más de un mes desde su reelección como presidente del Gobierno para volver a la carga con una nueva versión de esta norma que logre superar los obstáculos de hace cuatro años.
En una carta enviada hace unos días al presidente del Senado italiano, su correligionario Renato Schifani, ya anunció su intención de volver a presentar esta ley para «evitar que se pueda utilizar la legislación contra quien se encuentra en los más altos niveles institucionales del Estado».
Esta vez, el magnate de la televisión y el político más rico de Italia no quiere sorpresas y ha encargado su redacción al ministro de Justicia, Angelino Alfano, y a su abogado y también diputado, Nicolò Ghedini.
Esta iniciativa prevé aplicar la inmunidad a los presidentes de la República y del Gobierno y a los de la Cámara de Diputados y el Senado, mientras que presenta como novedad la exclusión del responsable del Tribunal Constitucional, que sí figuraba en 2004.
De esta manera, no podrán ser juzgados o investigados durante la duración de su mandato por delitos que no sean relativos a su cargo institucional, aunque este tiempo no contará para la prescripción de los procesos.
Para evitar problemas de anticonstitucionalidad, se incluyen algunos cambios, como que las víctimas de las causas contra estos altos cargos puedan continuar sus acciones legales por la vía civil.
Además, establece como límite de la inmunidad la duración del mandato e introduce la posibilidad de renunciar a este privilegio. “Hemos trabajado sobre los puntos débiles de la ley de 2004 tachados de inconstitucionales y hemos propuesto de nuevo los principios valorados positivamente”, explicó Alfano, que añadió que se va a lograr “un mayor equilibrio y serenidad a los máximos cargos del Estado”. Berlusconi ha dado prioridad a la aprobación de esta norma, por lo que antes de su llegada al Consejo de Ministros ya se había puesto una fecha para comenzar su ratificación en el Parlamento: el 28 de julio.
Las reacciones adversas no se hicieron esperar. La portavoz en el Senado del Partido Demócrata en la oposición, Anna Finocchiaro, sugirió que la entrada en vigor de la inmunidad sea a partir de la próxima legislatura, “para no dar la imagen de un sistema que hace leyes, de nuevo, en interés del presidente”. Más allá fue el líder de Italia de los Valores, Antonio di Pietro, que anunció que propondrá un referéndum si prospera la norma para que los ciudadanos decidan “si es justo que quienes les gobiernan puedan evitar un proceso por haber corrompido a un testigo durante un juicio”. Por otra parte, la sexta comisión del Consejo Superior de la Magistratura, Poder Judicial en Italia, dictaminó el pasado jueves que esta normativa que frena los procesos por los delitos cometidos antes del 30 de junio de 2002 es inconstitucional.