Hace unos días fue fijada la sede de la empresa Siemcalsa en Valladolid. Se trata de una sociedad pública cuyo fin es la prospección de recursos mineros e impulsar su puesta en explotación. La cuestión ha levantado cierto revuelo porque esa provincia carece prácticamente de tales recursos, mientras que la minería potencial y en producción se dispersa por otras provincias y, más aún, se concentra especialmente en León. La Junta de Castilla y León cuenta con ocho sociedades públicas incluyendo la citada. Salvo una con sede en Burgos todas han sido fijadas en Valladolid generando un ‘cluster de inversiones y empleo cualificado en esa ciudad. A éstas se suman seis de las nueve fundaciones con que cuenta el ente. Las empresas públicas cuentan con un presupuesto de unos 265 millones de euros para este año; las fundaciones con unos 75. Esa es la verdadera mina.
En conclusión, las empresas públicas son instrumentos de la Junta para fijar empleo cualificado en Valladolid. Por su parte, la oposición al PP no defiende los intereses de León, pese a que estos datos figuran en los Presupuestos Generales de Castilla y León, disponibles en la web. ¿A qué dedican su tiempo entonces los parlamentarios leoneses y sus remunerados asesores?
La Junta debería deslocalizar de Valladolid parte de las sedes de estas entidades si desea recuperar el equilibrio que los hechos le niegan. Mucho más en casos injustificables como la minera Siemcalsa.
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