Ya se ha dicho todo sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena al juez Garzón por prevaricación por haber ordenado escuchas en las comunicaciones de los detenidos en la operación Gürtel. Pero hay algo que no se ha dicho aún. Que el Supremo no ha dicho ni pío de la corrupción.

Entre las 24.851 palabras escritas en la sentencia, ni una vez aparece la palabra que define de qué va todo el asunto. Los siete magistrados que por unanimidad condenan a Garzón se tiran 76 folios para una importantísima decisión que deja fuera de la carrera judicial al juez que dirigió la investigación que ha destapado un enorme entramado de corrupción en el seno del Partido Popular, no hacen ni una breve disquisición que incluya esta palabra clave.

¿Quién entiende esto? ¿De qué estábamos hablando en el caso en el que las escuchas formaban parte de una investigación sobre la corrupción?

Por lo demás, para mí las claves de la condena de Garzón se encuentran en dos puntos: El primero, que el Tribunal Supremo considere probado que Garzón tuvo intención —y subrayo lo de “tuvo intención”— de vulnerar el derecho de defensa. El Supremo dice que el hecho de que Garzón diera órdenes para

NO vulnerar el derecho de defensa
es la prueba de que era consciente de que
SÍ vulnera el derecho de defensa.

Sí, sí, lo escribo así porque así de enrevesada es la contradicción, y permítanme que lo disponga con este pequeño recurso visual.

Recuerda el Tribunal Supremo que para que haya prevaricación, según la jurisprudencia, en la decisión de Garzón debe apreciarse que “carece de toda posible explicación razonable (…) porque su contenido, incluso en el supuesto más favorable de interpretación de la norma aplicable al caso (…) no se compadece con lo ordenado por la Ley” o también que hay prevaricación “cuando la aplicación del derecho no resulte de ningún método o modo aceptable de interpretación del derecho”. ¿La interpretación de la fiscalía, que apoyó a Garzón, o del juez Pedreira, que siguió con el caso, no prueban que puede haber otras interpretaciones? ¿Para que haya prevaricación no debe ser tan evidente que nadie sostenga la decisión del presunto prevaricador?

Para mí que son preguntas que no responde el Tribunal Supremo. Y preguntar no es ofender.