La ilegalización de ANV y el PCTV deja sin ‘marca política’ a la banda, pero no parece probable que impida el nacimiento de un nuevo partido

SPC Madrid
Ni siquiera hace falta tener demasiada memoria para recitar, casi de carrerilla, la letanía formada por la sucesión de partidos que han dado cobertura política a ETA durante las últimas décadas: Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, Sozialista Abertzaleak, Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca. Desde 1978 y hasta la pasada semana -al menos por el momento-la banda terrorista siempre se las había ingeniado para contar con unas siglas vivas que le permitieran estar en las urnas y, tras los comicios, también en las instituciones vascas, disfrutando de un dinero público que, a nadie se le ha ocultado nunca, servía en última instancia para pagar las balas de los asesinos.
Tal situación, prolongada durante 30 interminables años y denunciada durante otros tantos por aquellos con un mínimo sentido común, parece ahora inexplicable a la luz de los razonamientos de la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, que ilegalizó días atrás ANV y el PCTV, pero basta echar un somero vistazo alas hemerotecas para darse cuenta de que, con toda probabilidad, la autodenominada izquierda abertzale volverá a tener papeletas en las elecciones autonómicas vascas del año que viene.
Tal temor parece más que justificado, pues la profunda reverencia delsistema jurídico español hacia los partidos políticos como único modo de representación de la voluntad popular hará inviable legalmente que se prohiba a priori la creación de un grupo compuesto por presuntos ciudadanos anónimos, no importa cuáles sean sus simpatías hacia los etarras.
En todo caso, cierto es que, tras la ruptura de la tregua trampa y el final de los anhelos de protagonismo del presidente Zapatero, deseoso de entrar en los libros de Historia como un pacificador, la voluntad política de liquidar a ETA, poco menos que inexistente durante esas mencionadas tres décadas, parece haberse reactivado en buena medida.
De hecho, por más que las sentencias vengan rubricadas por los jueces, su oportunidad y el recurso a argumentos que hasta hace bien poco eran sistemáticamente desdeñados por idénticos magistrados, hacen sospechar que todas y cada una de ellas están inspiradas por el mismo poder Ejecutivo que antes propiciaba una tolerancia casi infinita con las sucursales políticas de los terroristas. En la sentencia, de 95 páginas,Valga como ejemplo la cacareada falta de condena de los atentados, una actitud que, a la luz de cualquier ética debía haber sido suficiente como para sacar del sistema democrático a todas y cada una de las siglas proetarras pero que, durante lustros, fue sistemáticamente disculpada tanto por los jueces como por los políticos en el poder con el argumento de que no es lo mismo callar queapoyar.
Ahora sin embargo, el Tribunal Supremo asegura sin rubor que la ausencia de condena de los crímenes terroristas constituye una de las causas de ilegalización previstas por la Ley de Partidos que prohíbe “la justificación o exculpación de los atentados contra la vida o la integridad de las personas”.
Sin demasiada memoria, la instancia judicial razona ahora que, desde las elecciones de marzo de 2007 hasta que, el pasado mes de enero, se presentaron las demandas de ilegalización, ETA cometió varios atentados -como el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton o el perpetrado contra el cuartel de la Benemérita en Durango- “y en todos ellos las reacciones de distintos dirigentes de ANV confirman su sintonía” con la banda terrorista. “Además ANV ha participado durante ese tiempo en actividades que tienen por objeto recompensar, homenajear o distinguir a quienes han cometido acciones terroristas”.