Comienza el curso escolar 2008-2009. Cientos de miles de alumnos de Secundaria y Bachillerato empiezan las clases. Por primera vez, todos los alumnos que cursen estos niveles de la enseñanza, en cualquier tipo de centro y en cualquier punto del territorio nacional se las verán con una nueva asignatura: Educación para la Ciudadanía.
A lo largo del curso pasado se extendió la información de lo que en realidad es la asignatura, gracias a diversas asociaciones y a articulistas en diversos medios que han ido desentrañando para la opinión pública cuál es la pretensión real y la ideología concreta que hay detrás de una supuesta inocente asignatura. Y el movimiento que promueve la objeción de conciencia ante este intento de adoctrinamiento por parte del Estado fue cosechando un éxito inaudito.
Por eso la reacción del Gobierno y su entorno ha sido, en definitiva, de miedo. Pues a amenazar tocan: “Les suspenderemos”, “les negaremos las titulaciones”… Pero no. Gracias a la propia LOE, queda claro que eso no puede ser: el certificado de ESO se puede conseguir hasta con tres suspensos, y en Bachillerato se pasa de curso hasta con cuatro. No estaremos realmente ante el primer eventual problema hasta final de curso del año 2010. Para entonces, la batalla jurídica estará en su apogeo. Y hasta ahora, querido Gobierno, todas las docenas de sentencias y autos que ya hay en tribunales superiores son favorables a los objetores.
La estrategia del Gobierno y su entorno en el curso que ahora empieza va a ser doble: intensificar las amenazas a los padres con el boletín de notas y las titulaciones, y a la vez vender la supuesta cara amable del asunto (“esto va de aprender a convivir en una sociedad plural”, “sólo se enseña la Constitución y los Derechos Humanos”).