Laura Matabuena León
En 1998 la Unión Europea sacó a la luz la nueva legislación relativa a la calidad de las aguas en las zonas de baño de interior. Este decreto obligaba a las administraciones a informar a los ciudadanos del estado y salubridad de las aguas y de las zonas de baño, para lo cual debían realizar exhaustivos controles sobre las mismas. Del mismo modo, la conservación de estos espacios era obligatorio en caso de que se permitiera el baño en las mismas.
Estas directrices, se tradujeron en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en un decreto ley que derivó en la descatalogación de todas las zonas de baño existentes en la provincia de León, ya que estas quedaron a merced del mantenimiento de los ayuntamientos.
Las corporaciones municipales desistieronde solicitar los trámites para que sus playas fueran consideradas ‘oficiales’ en gran medida debido a las numerosas exigencias por parte de la administración autonómica.
Las áreas de baño deben cumplir ahora una serie de requisitos: socorristas, servicios sanitarios, calidad de las aguas y cuidado de la zona, y solicitar una clasificación favorable a la Consejería de Sanidad y Bienestar, que se encarga del control sistemático de las aguas, y de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que aprueba los planes de gestión de los espacios habilitados.Si estos desean, además, obtener la distinción de ‘zona mejorada’ deben, a mayores, tener vestuarios, duchas, accesos y aparcamientos organizados, bar y equipamientos, o incluso zonas recreativas anexas.
Ante este panorama, y aunque muchos ayuntamientos siguen cuidando,en lo posible, las zonas para el disfrute de los visitantes,estos han preferido apostar por la puesta en marcha de piscinas públicas, de las que actualmente existen más de 140 en la provincia de León. Sorprende que en este caso, y exigiéndoles unos requisitos similares, sí se hayan invertido grandes cantidades de dinero para cumplir las exigencias.
En la provincia, antes de la normativa existían 15 zonas de baño. Sin embargo, tras inspecciones que llevó la Consejería de Sanidad de la Junta, actualmente ninguna ha conseguido la certificación oficial.
A pesar de ello todas estos espacios de esparcimiento se mantienen como zonas libres para el baño, lo que significa que, en principio, ninguna autoridad se hace responsable de la seguridad de los bañistas.