Los grupos parlamentarios que conforman el tripartido junto con Aralar votaron este viernes en contra de la moción del PP en la que se instaba al consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, a iniciar de inmediato una negociación con el Ministerio de Justicia para realizar un convenio que permita el cumplimiento de medidas impuestas a menores infractores en el País vasco, y de esta forma, poder ejecutar la pena impuesta por el Juzgado central de menores de la Audiencia Nacional a los jóvenes que profanaron la tumba de Gregorio Ordóñez, dirigente del PP asesinado por ETA en 1995.

La moción popular respaldada por PP y PSE, no salió adelante por el voto negativo de PNV, EB, EA y Aralar. Sin embargo, al darse un empate, se emplazó el debate a una próxima sesión.

El tripartito, por su parte, presentó una enmienda a la totalidad, que no se llegó a votar, en la que mostró su oposición a que se excluya la competencia a los Juzgados y Tribunales del País vasco para los delitos de terrorismo cometidos por menores de edad, y reivindicó esta competencia, ya que “su exclusión constituye una minusvaloración de la independencia de los órganos judiciales de menores de Euskadi”.

El portavoz del PP, Carlos Urquijo, defendió la necesidad de  iniciar de “inmediato” una negociación con el Ministro de Justicia del Gobierno central que concluya con un convenio que permita el cumplimiento de medidas impuesta a menores infractores en el País vasco.

Urquijo defendió que este acuerdo no sería una minusvaloración de los jueces de menores del País vasco y consideró “necesario” que estos delitos se traten “fuera de la presión ambiental de los jueces y del jurado popular, aquí en Euskadi”. Por ello, solicitó al consejero de Justicia que presente un nuevo borrador para poder aplicar las penas a menores infractores para que puedan ser ejecutadas y recordó que, actualmente, la pena impuesta por el Juzgado central de menores de la Audiencia Nacional a los jóvenes que profanaron la tumba de Gregorio Ordóñez, aún sigue sin ejecutarse porque el juez dice que carece de “instrumentos legales”.

Devolver la competencia

La portavoz de EB, Kontxi Bilbao, defendió la necesidad de que se devuelva esta competencia al País vasco y criticó la modificación de la ley de responsabilidad del menor realizada por el PP en el año 2000 que sacó de las competencias del Gobierno vasco. En este sentido, denunció que las medidas dictadas por el juzgado de menores del País Vasco se han cumplido, pero no en el caso de las dictadas por el juzgado de menores de la Audiencia Nacional ante la carencia de un convenio.

“La modificación ha sido chapucera porque los trece casos que ha visto el juzgado de la Audiencia Nacional, las medidas no se han cumplido”, criticó.

Por su parte, el portavoz de EA, Rafa Larreina, y la portavoz del PNV, Bakartxo Tejería, defendieron que la enmienda presentada responde a la no aplicación de las penas por parte de la Audiencia Nacional y busca una respuesta “eficaz” para que los menores infractores se reincorporen a la sociedad sin el peligro de que vuelvan a delinquir.

Además, la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, se mostró a favor de instar al Ministerio de Justicia a la firma de un convenio para la devolución de la competencia, mientras no se produzca la devolución de la competencia.

Por último, la parlamentaria del PSE, Mercedes Agúndez, mostró su apoyo a la moción del PP y consideró que no es el mejor momento para cambiar la legislación. “No hay serenidad suficiente para acometerlas porque ETA sigue matando”, indicó.