La Iglesia y el Gobierno rechazaron ayer el auto de la juez de Pamplona que ha concedido la patria potestad de dos gemelas a una pareja de lesbianas. Los obispos alegan que estas situaciones los “derechos irrenunciables” de los nińos a tener padre y madre. El Ministerio de Justicia suscribió el argumento y recordó que recurrió ante el Tribunal Constitucional contra la norma de la Comunidad de Navarra que ha posibilitado esta decisión.

El portavoz de la Conferencia Episcopal Espańola (CEE) reiteró ayer, antes de que comenzase la reunión de la Comisión Permanente del episcopado, que los homosexuales no pueden formar una familia. “El nińo adoptado en estas circunstancias es injustamente tratado”, aseguró el secretario general, Juan Antonio Martínez Camino.

IDENTIDAD SEXUAL “La falta de la figura paterna siempre trae consigo graves dificultades en el desarrollo de la personalidad”, apostilló Martínez. El portavoz de los obispos aún fue más lejos: “La presencia de dos padres o madres del mismo sexo exigirá en el nińo un esfuerzo mayor para poder dar un perfil sólido a su identidad sexual”.

El secretario admitió que la falta de padre o madre es cada vez más frecuente en la sociedad actual, ya que es en los primeros ańos del matrimonio cuando se rompen más de la mitad de las parejas. “La situación no es ideal para estos nińos, pero no hay que crearles nuevos problemas con opciones que ignoran su educación y sus derechos”, dijo.

No obstante, el cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, advirtió de que la adopción de las nińas es un asunto jurídico que trata de garantizar los derechos de los pequeńos en estos casos. “Los tribunales o la legislación son los encargados de reconocer estos derechos tanto de las madres como de los hijos. Pero la Iglesia debe exponer su doctrina”, apuntó Amigo.

El secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, mostró su respeto por la decisión judicial, pero agregó que el Gobierno no dispone de ningún estudio que garantice “la estabilidad y sociabilidad de los nińos” en parejas del mismo sexo. Catalá recordó que para evitar posibles situaciones como ésta el PP recurrió contra la ley foral de Navarra ante el Tribunal Constitucional.

El director de campańa del PP, Gabriel Elorriaga, matizó que la postura contraria de su partido se basa en que el objetivo de la adopción es el interés del menor. “Se equivoca quien lo entiende como un derecho del adoptante. No es un problema específico en relación con los homosexuales, sino con la estabilidad de la pareja”, abundó Elorriaga.

a secretaria de Movimientos Sociales del PSOE, Leire Pajín, consideró que la decisión judicial significa “un paso muy importante hacia la igualdad, ya que contribuye a normalizar una realidad y garantizar los derechos de muchos nińos educados en familias homosexuales”.

Para la expresidenta del Colectivo de Gays y Lesbianas de Madrid (COGAM), Boti García, la resolución es “un auténtico avance y una revolución social”.