Los resultados del 22 de mayo acercaron un poco más a Mariano Rajoy a La Moncloa, pero él es el primero en saber que aún no está allí. Que el PP arrasara en la mayoría de comunidades, grandes ayuntamientos y diputaciones provinciales no significa automáticamente una victoria por mayoría absoluta en las próximas elecciones generales.

El PP logró una ventaja de casi 10 puntos sobre el PSOE y en el partido los cálculos apuntan a que sería muy difícil que el Partido Socialista consiguiera darle la vuelta a una diferencia tan grande. Según un dirigente popular que ha estado con él en los últimos días, después del 22 de mayo, es evidente que Rajoy “ya se ve como presidente del Gobierno en 10 meses”. Sin embargo, el presidente del PP no quiere lanzar las campanas al vuelo y hasta que termine la legislatura se dedicará a asegurarse la victoria, intensificando su presencia en las dos comunidades que aportan más escaños al Congreso y que más se le resisten al PP: Andalucía y Cataluña.

Principales retos.

Sin desatender otros feudos y, sobre todo, la que parece haberse convertido en su nueva obsesión, el control de las cuentas públicas autonómicas, Rajoy “incidirá más donde hay que mejorar los resultados”, señalan en su equipo, lo que se corresponde con los dos grandes caladeros de votos.

Andalucía es la comunidad que más diputados envía al Congreso (61 de 350), seguida de Cataluña (47). En 2008, el PSOE obtuvo 169 escaños y el PP, 153. En Andalucía, los socialistas ganaron 36 escaños y los populares, 25. En Cataluña, la diferencia, también a favor del PSOE, fue de 25 frente a 7. Se trata por tanto, de una diferencia de 16 escaños que Rajoy quiere salvar ahora, gracias a la subida que ha experimentado el PP en Andalucía y en Cataluña en las municipales (y en las autonómicas catalanas del año pasado, donde se convirtió en tercera fuerza política) y a la fuerte presencia que piensa tener a partir de ahora en estos dos territorios.

Cataluña fue el primer destino, la semana pasada, de su nueva agenda después de la elecciones del 22 de mayo. En concreto, viajó a Casteldefells y a Sitges. Por lo que respecta a Andalucía, desde el año pasado se ha hecho muy patente que este es uno de los grandes objetivos de Rajoy. Tras la caída del feudo socialista de Castilla-La Mancha y el suspense abierto en Extremadura por la indefinición de IU, Andalucía rompería definitivamente el tabú de las comunidades eternamente gobernadas por el PSOE. En enero, en la convención nacional del PP precisamente en Sevilla, Rajoy dijo que había estado 127 veces en esta comunidad desde que es líder del PP. La cifra se ha incrementado notablemente a estas alturas del año después de una campaña electoral que ha dado buenos frutos: los populares gobernarán en todas las capitales de provincia.

Poder territorial.

Mientras da resultado esta estrategia, Rajoy tiene abierto otro frente, más real y que es producto de la apabullante victoria electoral del 22 de mayo. El líder del PP se ha convertido en el polítíco español que concentra el mayor poder territorial de las últimas décadas. El precedente se remonta a Felipe González y a la hegemonía socialista de los años 80. En Rajoy se añade el hecho de que lidera la mayoría de gobiernos autonómicos pero desde una posición orgánica, puesto que él no es presidente del Gobierno.

La victoria del 22 de mayo es con mucha diferencia la más holgada que ha tenido nunca el PP. Según desgranó el propio Rajoy ante los dirigentes de su partido un día después de los comicios, el PP ha sido la fuerza más votada en 40 de las 50 provincias, en 31 de ellas con mayoría absoluta. El PP tiene mayoría también en 99 de los 145 municipios de más de 50.000 habitantes que hay en España y, en total, en “casi 4.000 municipios” de todo el país, del total de 8.116.  Por lo que respecta a las diputaciones provinciales, cuya presidencia se determina por los resultados de las elecciones municipales, el PP tiene mayoría absoluta en 25, frente a 5 del PSOE y 3 de CiU. Rajoy espera controlar “entre 25 y 28 y el PSOE, entre cinco y seis”.

El PP gobernará seguro en nueve autonomías -revalidó cinco mayorías absolutas a las que se suma Galicia, y ganó Cantabria, Castilla-La Mancha y Baleares–. A la espera de los pactos poselectorales, que, en algunos casos como el de Extremadura, mantendrán el suspense varios días más, el mapa político ha cambiado ya de forma sustancial.

Cambios de actitud.

La imperturbabilidad que ha mostrado Rajoy a lo largo de los últimos meses, cuando las encuestas mejoraban una tras otra las expectativas electorales del PP, ha sucumbido finalmente a los resultados electorales. En el almuerzo que mantuvo recientemente con sus presidentes regionales pudo verse a un Rajoy “más serio” y con “mucho sentido de la responsabilidad”, señalan quienes están más acostumbrados al Rajoy distendido de las reuniones cerradas al público. Además de asegurarse su propia victoria y de la economía, que seguirá centrando su mensaje a los ciudadanos hasta el final, Rajoy se ha tomado muy en serio que sus gobiernos regionales den ejemplo de la austeridad que él quiere aplicar al Gobierno central. Considera “autónomos” a los gobiernos regionales en sus tomas de decisiones, pero con dos máximas: austeridad y “recorte en el gasto social como el último recurso”, señalan en la sede central del PP.

Por eso, Rajoy quiere capitanear los recortes y de ahí las medidas de austeridad (ver recuadro) que anunció tras almorzar con sus barones. “Lo que más le interesaba era contar con el acuerdo de todos los presidentes, lo repitió varias veces, asegurarse de que todos están de acuerdo”, dice un dirigente presente en la reunión. Para Rajoy, ahora más que nunca, es muy importante que se vea la “unidad” de todos los barones y que “no haya la más mínima extravagancia” por parte de ninguno.

De momento, el PP no quiere ni oír hablar de medidas más dolorosas, esto es, que afecten a políticas sociales como la sanidad, tal y como ha ocurrido en Cataluña tras la llegada de CiU. Han anunciado auditorías, que tendrán más efecto donde se produzcan cambios de gobierno, y de manera oficial nadie habla de recortes más allá del plan de austeridad. “Nadie planteó medidas drásticas como bajar el sueldo de los funcionarios, el copago (sanitario) o cerrar museos”, afirman fuentes del partido.

A pesar de ello, algunos barones que ahora tomarán el gobierno en nuevas comunidades están alarmados con los “rumores” que llegan sobre el estado de las cuentas públicas, particularmente de la sanidad, y no pondrían la mano en el fuego por que no haya medidas más drásticas después de conocer el estado real de las cuentas. Desde fuera del PP, se considera “complicado” reducir el déficit autonómico solamente eliminando consejerías, reduciendo cargos de confianza y racionalizando el uso del móvil y sin tocar el “grueso” del presupuesto autonómico, es decir, el gasto social, al que se destina alrededor del 80% de los recursos.

Dinámica de grupo.

La hoja de resultados que pueden exhibir los gobiernos regionales del PP no son equiparables, porque mientras que Galicia y La Rioja, por ejemplo, tienen superávit en el primer trimestre del año, otras comunidades como Murcia o Valencia superan el límite del déficit autonómico. El Gobierno valenciano, además, ha sido obligado por el Tribunal Supremo a responder a preguntas parlamentarias, lo que dice muy poco de la transparencia que Rajoy también ha impuesto a sus dirigentes autonómicos.

Francisco Camps no habló en la reunión del otro día, pero no parece probable que ni él ni ningún otro se vaya a alejar de la senda de las medidas que les ha pedido Rajoy gracias a una especie de dinámica de grupo que se ha creado entre los barones y que, según un dirigente, consiste en que es tal la presión para cumplir con las reformas que quien no lo haga se verá “excluido” de un grupo donde el gallego Alberto Feijóo se ha convertido en el “referente” por los recortes que ha aplicado en la Xunta de Galicia. También los nuevos presidentes, como la castellano-manchega Dolores de Cospedal, la aragonesa Luisa Fernanda Rudi y el balear José Ramón Bauzá tienen el ahorro como uno de sus mantras.

Capacidad de bloqueo.

A la espera de que pueda o no ayudar a Rajoy a llegar a La Moncloa, la aplastante victoria autonómica del PP tiene efectos nacionales más inmediatos, relacionados con la mayor capacidad de bloqueo que tendrá en órganos estatales. El exministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla admite que el PP puede ahora, efectivamente, “acorralar” al Gobierno central en foros como la Conferencia de Presidentes, cuya convocatoria, junto con la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pidió Rajoy la semana pasada. La última vez que se reunieron los presidentes autonómicos con el Gobierno central, en diciembre de 2009, el poder del PP, ahora aumentado, se dejó notar, cuando sus barones se negaron en bloque a firmar el acuerdo que les proponía Rodríguez Zapatero. La semana pasada, sin ir más lejos, todos los consejeros del PP plantaron a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, en el Consejo Interterritorial de Sanidad, alegando que se iba a tratar el proyecto de ley de muerte digna, con el que no están de acuerdo. Fuentes del ministerio señalan que en esta ocasión se pudo llegar a acuerdos porque estaban presentes el mínimo de 11 consejeros que dicta la ley para que haya quórum. Cuando se haga el traspaso de gobiernos, sin embargo, el Ejecutivo no tendrá ese quórum sin el PP, de manera que tendrá capacidad de bloquear este órgano.

Para el exministro Sevilla, el excepcional poder autonómico que logró Rajoy el 22 de mayo le dará la oportunidad de “cometer el error” de utilizarlo de manera “partidista” con bloqueos de este tipo, o bien de utilizarlo “de manera ejemplar, como una manera diferente de gobernar” para que los ciudadanos lo vean.