Piden una asociación para ayudar a otros países en bienestar social

Ical León
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Javier San Martín, propuso ayer en León la creación de una Asociación Profesional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social durante la clausura del Congreso Iberoamericano sobre esta materia. El objetivo es aportar ideas y colaborar con estos países latinoamericanos para que puedan alcanzar el mismo nivel de bienestar social que la sociedad española.
En ese sentido, el leonés Javier San Martín indicó que el fin de este congreso, cuyo lema fue ‘La protección de la salud y seguridad en el trabajo’, debe ser exportar a otros países menos “pujantes” el estado de bienestar así como la concienciación sobre la importancia de impulsar medidas y políticas sobre la prevención de los riegos laborales.
En España están colegiados más de 25.000 graduados sociales que representan al 80% de las pymes. Este colectivo se organiza a nivel nacional en 42 colegios profesionales, agrupados en el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, destacó el compromiso del Ejecutivo central con los inmigrantes que recibe España. Así indicó que es “sensible” a los problemas y de estas personas, que en su mayoría proceden de Iberoamérica. Además, recordó que estos países fueron receptores de inmigrantes españoles que a principios de siglo buscaban nuevas oportunidades de futuro.
Asimismo señaló que el Gobierno, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene sus compromisos a pesar de la crisis económica con el colectivo de inmigrantes que reside en España. Por otra parte, Miguel Alejo recordó que el Ejecutivo central destinará el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a la ayuda a la cooperación y el desarrollo. De estas aportaciones, según destacó, se beneficiarán los ciudadanos de estos países latinoamericanos.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, planteó la posibilidad de promulgar una ley que reduzca la siniestralidad laboral en el colectivo de los trabajadores temporales. También aseguró que es necesario “deslindar” las competencias de los diferentes órganos judiciales de lo civil y lo social ya que en ocasiones se generan conflictos a la hora de cuantificar las indemnizaciones por accidentes laborales.
En ese sentido, Concepción destacó la relevancia para la judicatura y el mundo del derecho de los graduados sociales. Así lamentó que estos profesionales puedan intervenir en litigios en la primera instancia de los órganos judiciales y se les impida participar cuando los casos se abordan en las salas de lo social del Tribunal Superior de Justicia. Aseguró que “no tiene sentido legislativo” esta cuestión, a pesar de que entra en conflicto con los intereses de los abogados. Al respecto, Concepción indicó que también debería tenerse en cuenta a los clientes, a quienes se les obliga a cambiar de representante legal, durante el mismo proceso judicial.