Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) están en el centro de la polémica en España. El pasado 5 de octubre, 26 migrantes irregulares del centro de Sangonera La Verde (Murcia) se fugaron. El grupo aprovechó la entrada de una ambulancia al lugar para atender a una persona que fingió estar enferma.

El 18 de octubre, 39 personas organizaron un motín en el tejado del recinto de Aluche (Madrid) para denunciar las condiciones en las que viven. “¡Aquí nos tratan como a perros!”, “¡libertad!” o “¡dignidad!” fueron algunas de las exclamaciones vociferadas por el grupo de migrantes -la mayoría, argelinos- en el tejado del recinto madrileño, uno de los siete centros que quedan en funcionamiento en el país.

La existencia de estos centros, en donde las personas no pueden residir más de 60 días por ley, se fundamenta en “la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso [a su país]”, se afirma en el Real Decreto 162/2014. Este procedimiento se puede dar en casos donde se haya incurrido en un delito administrativo o en un ilícito penal. Y es aquí donde los CIEs resultan ineficaces para con su cometido.

Más ineficacia…con menos retenidos

Sólo la mitad de los retenidos en alguno de los Centros de Internamiento de Extranjeros fueron expulsados del territorio nacional entre 2011 y 2015, según el análisis realizado de los informes sobre el Mecanismo de Prevención de la Tortura que publica, de forma anual, el Defensor del Pueblo.

Esta estadística alcanzó su punto más bajo en el último año objeto de estudio -el 2015-: apenas el 41% de los internados fue, más tarde, expulsado del país. Es decir, seis de cada diez personas retenidas en los CIE fueron puestas en libertad al concluir su estancia en sus respectivos recintos el pasado año.

A este respecto, los porcentajes de expulsiones varían de un centro a otro y, en menor medida, de un año a otro. Las mayores diferencias se observan entre los centros de Murcia y Las Palmas. Mientras en el primero se expulsó a una media del 71% entre 2011 y 2015, en el segundo apenas el 21% fue expulsado tras pasar por el CIE.

Pero esta ineficacia en el objetivo principal se produjo mientras el número de internados en los CIE se redujo un 39,5% entre 2011 y 2015, según los datos de los informes del Defensor del Pueblo. Mientras en 2011, 11.456 personas fueron internadas, en 2015 el dato se redujo hasta las 6.930.

En España, el número de internados en los CIE se redujo un 39,5% entre 2011 y 2015, según los datos analizados de los informes sobre el Mecanismo de Prevención de la Tortura que publica, de forma anual, el Defensor del Pueblo. En 2011, 11.456 personas fueron internadas en este tipo de centros; en 2015, 6.930.

El descenso en el número de internados se fundamenta en, al menos, dos aspectos. En primer lugar, la reducción en el mismo período de tiempo de las detenciones por infracción de la Ley de Extranjería. Y en segundo, aunque en menor medida, al cierre de dos CIE en 2012, los de Málaga y Fuerteventura (Las Palmas). Por centro, la estadística de retenidos descendió en todos los centros entre 2011 y 2015, excepto en Barranco Seco, de Las Palmas de Gran Canaria, que pasó de 317 migrantes (en 2011) a 894 (en 2015).

El CIE de Algeciras, el que más migrantes acogió

En el cómputo global de los cinco años de estudio, el CIE que más migrantes apuntó en su registro fue el de Algeciras, como se observa en el mapa, con 13.126 registros. En segundo lugar, y con casi dos mil personas retenidas menos, se sitúa el recinto madrileño de Aluche, con 11.855.

En el lado opuesto se sitúan los centros de Tenerife (527 personas internadas) y los dos centros que dejaron de funcionar en 2012: el de Málaga (615) y el de Fuerteventura (119).

Ausencia de datos específicos

La Dirección General de Policía (a partir del Ministerio del Interior), que se encarga de la coordinación, gestión e inspección de los CIE, apenas ofrece datos detallados de los mismos, más allá de lo publicado por el Defensor del Pueblo: número de internados -según nacionalidad desde 2013- y porcentaje de personas expulsadas en cada Centro de Internamiento de Extranjeros.

La única vez que se publicaron estadísticas con un mayor nivel de especificación fue en abril de 2015 -con datos para el año anterior- gracias a una pregunta escrita formulada por Jon Iñarritu, uno de los siete diputados que tuvo el grupo parlamentario AMAIUR en la X Legislatura, al Gobierno presidido por Mariano Rajoy (PP).

En la respuesta se precisaban variables como la tasa de expulsiones por nacionalidad -con los marroquíes a la cabeza-, la estancia media en los CIEs –entre 22 y 23 días de los 60 posibles– y la media de ocupación mensual en cada uno de los CIE -siendo agosto el mes con mayor ocupación con un 41% del total disponible-.

Por otro lado, el coste de mantenimiento del conjunto de centros se situó entre los 6 y 7,5 millones de euros anuales (al menos, entre 2010 y 2014). Esta información se conoce gracias a la petición de información que el periodista Antonio Villareal realizó el pasado año al Ministerio del Interior y que hizo pública en Twitter.

Recintos en el ojo de mira

Las reclamaciones de los migrantes amotinados en Aluche no suenan a novedad en las oídos de los activistas y asociaciones que siguen el día a día de las personas que pasan un tiempo en estos centros. La ONG Pueblos Nuevos-Servicio Jesuíta a Migrantes afirma en un informe de 2015 que son “cárceles camufladas sin garantías penitenciarias para personas que, en la mayor parte de los casos, no han cometido ningún delito”.

La aprobación del Real Decreto citada de forma previa y las mejoras “a niveles legislativo y fáctico”, según Pueblos Nuevos, no han evitado que los problemas continúen existiendo. Desde 2011, el Defensor del Pueblo documenta ejemplos preocupantes que se suceden en los citados recintos.

La convivencia de personas que salen de prisión junto a aquellas que han ingresado por estancia irregular, la falta de respeto hacia el principio de confidencialidad médica, la ausencia de intérpretes o traductores cualificados o la identificación de las personas por un número y no por su nombre y apellidos son algunas de las errores más destacados.