Aunque la expedición de un protocolo oficial para abortos terapéuticos no cambia teóricamente nada respecto a las políticas del Estado en el tema, esa acción del Ministerio de Salud del Perú desató una respuesta furiosa de la Iglesia en un país en el que el catolicismo tiene una fuerza considerable.
 
 El arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, conocido por su lenguaje punzante, bautizó al Protocolo como «guía para matar» y se puso a la cabeza del movimiento que busca que el gobierno deje sin efecto la norma que establece los procedimientos mediante los cuales se puede interrumpir legalmente una gestación de menos de 22 semanas.
 
 El presidente Ollanta Humala, fiel a su estilo, guardó silencio en medio de la polémica, pero su esposa, Nadine Heredia, se encargó una vez más de defender una medida gubernamental y de asegurar que con el documento habrá más claridad para proceder.
 
 El Protocolo expedido el último fin de semana de junio fija los pasos que se deberán seguir para un aborto, pero mantiene las mismas causales para aplicarlo que se reconocen desde 1924, cuando la interrupción del embarazo dejó de ser ilegal en el Perú en circunstancias en que esté en riesgo la vida de la madre.
 
 Para algunos expertos, la carencia de un Protocolo ataba las manos de médicos que, por temor a la reacción de la Iglesia, preferían no intervenir pese a no estar cometiendo nada ilícito. Otros consideran que no y que el gobierno abrió un debate innecesario.
 
 «No más estadísticas de muerte por falta de un protocolo. Aunque solo fueran cinco, 10 ó 20 mujeres al año que se encontraran en la grave situación de decidir interrumpir un embarazo como única salida para vivir o no ver dañada su salud de manera permanente, ahora podrán acceder al derecho a contar oportunamente con el diagnóstico médico y recibir información completa y acompañamiento del sistema de salud sin verse obligadas a recurrir a servicios clandestinos que pueden traerle más daño», argumentó Heredia.
 
 «Muchos gobiernos anteriores pudieron hacerlo, pero tuvimos que esperar 90 años», agregó la primera dama, a quien la oposición acusa de ser quien realmente lleva las riendas del país.
 
 Los obispos rechazaron la guía y el más protagónico y conservador, Cipriani, le declaró abiertamente la guerra, con el argumento de que generará nuevas circunstancias en que se interrumpa el embarazo.
 
 «Dice textualmente que puede ser objeto de esta guía cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave o permanente. No puede ser ‘cualquier otra patología’, eso no es válido. Esto es una puerta abierta para que empiecen los pagos y coimas (sobornos) a los comités médicos porque sabemos cómo es el Perú», afirmó el cardenal.
 
 Para la coordinadora de Salud Reproductiva del Ministerio, Irma Ramos, el Protocolo no sólo no flexibiliza normas sino que hace más estricta la aplicación del aborto, pues ya no depende de un médico, como dice el Código Civil, sino de una junta médica.
 
 «Se ha puesto una lista de 10 casos muy definidos y se ha dejado abierta por si hay otra patología que no pongamos, pero esto tendrá que diagnosticarse y evaluarse en la junta médica y todos esos documentos quedarán en la historia clínica», agregó el director de Salud de las Personas, Henry Rebaza.
 
 Entre los casos clínicos precisados están la gestación fuera del útero, la conversión de la membrana en un tejido cancerígeno, los daños graves hepáticos o renales, la necesidad de terapias contra el cáncer, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial severa, la diabetes mellitus avanzada o insuficiencia respiratoria severa.
 
 Según la organización no gubernamental Promsex, la ausencia del Protocolo hizo que en 2013 murieran 122 embarazadas, por cardiopatías o tuberculosis. «Pudieron haberse salvado de haberse ejecutado esta guía de forma correcta», dijo su portavoz, Brenda Álvarez.
 
 Los contrarios al Protocolo temen que a su amparo se puedan alegar razones psicológicas o hasta daños en el feto para abortar. 
 
 La reacción de la Iglesia, además, ha tenido respuesta de quienes piensan que esa institución no tiene derecho a imponerle creencias a toda la sociedad.
 
 «No hay razón válida para que la mujer sea tratada como un animal. La libertad y el libre albedrío son la esencia de la vida humana. En épocas democráticas donde el Estado está separado de la religión, donde hombres y mujeres tienen la opción de abrazar o no una fe religiosa, ninguna creencia, por más respetable que sea, puede imponer una decisión respecto al cuerpo y a la sexualidad femeninos», afirmó por ejemplo la analista Mariella Balbi.
 
 La Iglesia ha estado al frente en especial de dos modificaciones impulsadas por algunos sectores: la del aumento de las causales para el aborto y la unión civil entre homosexuales. En ambos casos, esa oposición cuenta con un notable respaldo de la ciudadanía, sobre todo en los estratos más pobres.
 
 Investigaciones han señalado que miles de mujeres mueren en el Perú cada año por recurrir a abortos clandestinos, lo que cambiaría supuestamente si tales intervenciones si hicieran con garantías. La Iglesia, no obstante, es reacia al tema.
 
 Aunque recién asumido el gobierno Humala y Heredia, percibidos entonces como izquierdistas impulsores de cambios, sorprendieron al autoproclamarse «católicos conservadores», los recelos en la jerarquía eclesiástica parecen subsistir, como también en sectores políticos y económicos prestos a reaccionar ante cualquier posible medida «revolucionaria» del gobierno.