El etarra más sanguinario de ETA, De Juana Chaos, recurre una vez más a ponerse en huelga de hambre ante la petición de la Fiscalía que solicita el embargo preventivo de su casa para indemnizar a las víctimas

M.P. Madrid
Otra vez está en huelga de hambre. Como un niño enrabietado, en lugar de asumir las consecuencias de un historial de estrema dureza –responsable de 25 asesinatos–, el preso de ETA Iñaki de Juana Chaos, recluido en la cárcel de Aranjuez (Madrid), iniciaba el miércoles una huelga de hambre indefinida, según desvelaba el colectivo de apoyo a los reclusos de la banda terrorista Askatasuna y tal y como confirmaba oficialmente a la postre el etarra al director de la prisión mediante un escrito.
Las razones son, dice, “la inadmisible campaña mediática” iniciada en su contra y contra su familia, así como la “política de excepción” que se “impone” a los presos de ETA, que supone “castigos para toda la vida” y que estos internos “se pudran” en las cárceles.
Iñaki de Juana Chaos ha cobrado actualidad informativa en la última semana por su próxima excarcelación, prevista para el próximo 2 de agosto, así como por la posibilidad de que cuando quede en libertad se establezca en una zona de un barrio de San Sebastián en cuyas cercanías residen varias víctimas de la banda terrorista.
Además, ese mismo día la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaba el embargo preventivo “fulminante” de su vivienda para que pueda satisfacer la deuda que tiene contraída con sus víctimas.
Askatasuna recuerda que De Juana no fue excarcelado “tras cumplir 17 años de pena” y que “se le abrieron nuevas causas sin base jurídica”, tomando como pretexto dos artículos de opinión.
“Tras cumplir tres años más de condena –continúa el escrito de Askatasuna– el Gobierno del PSOE está haciendo –ahora– todos los intentos para continuar castigando a Iñaki y a su familia, con todos los instrumentos que tiene en su mano”, entre los que cita al sistema judicial y a los medios de comunicación.
Iñaki de Juana ya inició una huelga de hambre el 7 de noviembre de 2006 tras ser condenado, ese mismo día, a doce años y medio de cárcel por un delito de amenazas terroristas contra cinco responsables de prisiones, pena que posteriormente fue rebajada a tres años por el Tribunal Supremo.
Este ayuno voluntario, que tuvo lugar durante la última tregua de ETA, condicionó la política vasca a lo largo de este período hasta que decidió abandonarla el 1 de marzo de 2007 cuando se le concedió el segundo grado y fue trasladado al Hospital Donostia de San Sebastián.
Abandonó este centro médico el 6 de junio del año pasado e ingresó en el centro penitenciario de Aranjuez (Madrid), un día después de que ETA comunicara públicamente su intención de romper el “alto el fuego permanente”.
El recluso de ETA se negó a comer entonces nuevamente, pero tres días más tarde volvió a ingerir alimentos.
Ante el nuevo pulso que el terrorista está echando al Gobierno, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, recordaba al etarra Iñaki de Juana Chaos que con actitudes como iniciar otra huelga de hambre no va a impedir que se aplique la ley y que responda económicamente con sus bienes ante las víctimas de sus delitos.
Bermejo se refería a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que se embargue de manera preventiva el piso de De Juana Chaos en San Sebastián para que pueda satisfacer la deuda que tiene contraída con sus víctimas.
Fernández Bermejo subrayó que la decisión de la Fiscalía es parte del trabajo “intenso” que está realizando para proteger a las víctimas del terrorismo, ya que “no podemos tolerar que sufran una victimización añadida”.
“La Fiscalía hace lo que tiene que hacer, y cuando se ha cometido un delito y se tiene que responder económicamente, la Ley establece que si hay bienes de aquél que resulta condenado se embarguen”, afirmó.
Además, el ministro precisaba que si se sospecha que ha podido haber alguna actividad fraudulenta –en referencia al presunto alzamiento de bienes en el que ha podido incurrir De Juana o su esposa, Irati Aranzabal, con el objetivo de no hacer frente a la deuda que tiene pendiente– hay que investigarlo también, porque “forma parte de la aplicación de la ley”.
“La decisión de ese señor de ponerse o no en huelga de hambre es una decisión suya, y la autoridad penitenciaria tiene la obligación de darle la asistencia que necesite en su caso, pero no se va a impedir con actitudes como ésa que se aplique la ley”, reiteró el ministro.