El nuevo sistema contempla la posibilidad de que algunas regiones puedan recibir recursos adicionales por criterios de población y suelo

Iratxe Manchobas Madrid
El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, presentó ayer las bases para la reforma del sistema de financiación, que trasladará a las Comunidades Autónomas el próximo martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Solbes adelantó que la propuesta base del Gobierno incluye el incremento de la cesión de impuestos hasta el 50% del IRPF, el IVA y los Especiales, además, pretende aportar recursos adicionales a las autonomías «en función de las disponibilidades presupuestarias» y parte de la base de que todas las regiones tendrán recursos suficientes para que los servicios básicos del Estado del Bienestar (educación, sanidad y servicios sociales) se presten a todos los ciudadanos por igual con independencia de dónde residan.
Con el nuevo modelo de financiación, ninguna Comunidad Autónoma saldrá perdiendo, pero es previsible que alguna gane más que otra, como aquellas en las que se ha producido un mayor incremento de la población de los últimos años. Así lo afirmó el vicepresidente segundo, quien manifestó que, si estas regiones no ganasen con el nuevo modelo, «el sistema seguiría siendo injusto».
El ministro señaló que el objetivo del Gobierno es alcanzar un acuerdo político antes de verano para empezar a trabajar sobre los detalles en el último trimestre y acordar un modelo de financiación que pueda entrar en vigor en 2009, que sea «consistente, transparente» y estable. El primer paso será presentar su propuesta base, elaborada tras la primera ronda de contactos con las Autonomías, en el CPFF de la próxima semana. El documento que presentará el Gobierno consta de 10 principios: suficiencia global, para garantizar que las autonomías cuenten con recursos suficientes para financiar todas las competencias transferidas, garantía de financiación de los citados servicios públicos fundamentales a los que podrían sumarse otros como la Justicia, recursos adicionales para reforzar el Estado del Bienestar «en función de la disponibilidad presupuestaria» y con un reparto que tenga en cuenta la población, y respeto del principio de que ninguna región resulte perdedora.
Para ello, se incorporarán mecanismos de revisión anual automática, podrán supervisarse los elementos estructurales del modelo cada cinco años y se tendrá en cuenta el esfuerzo fiscal de cada Comunidad, eso sí, sin vincularlo a las balanzas fiscales.
La propuesta del Ejecutivo incluye además la cesión del 50% del IRFP, el IVA y los Impuestos especiales, aunque el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aclaró que el Gobierno está trabajando con la hipótesis establecida en el Estatuto Catalán, que recoge una cesión de hasta el 58% en los Impuestos Especiales. Como contraprestación, se aumentará la capacidad normativa de las autonomías, porque no es lícito «decir que necesito más dinero y luego bajo los impuestos», una medida que se acompañará de un incremento de la participación tributaria con el Estado, especialmente en el IRPF.
Solbes afirmó que el Gobierno realizará “el máximo esfuerzo posible” para llegar a un acuerdo que es “del máximo interés” para el Ejecutivo español.