El presidente Barack Obama ha ordenado la reanudación de los juicios militares contra los detenidos que hay en la prisión de Guantánamo después de dos años de suspensión.

La medida significa el reconocimiento de que por ahora no podrá juzgar en territorio norteamericano a los sospechosos de terrorismo que tiene en la prisión en la isla de Cuba. Y lo más importante, la conclusión de que los juicios en tribunales civiles en territorio estadounidense todavía están lejos porque no cuentan con el apoyo del Congreso ni tampoco los especialistas legales de la Casa Blanca encuentran la fórmula de llevar ante los tribunales a los 172 detenidos que quedan en Guantánamo.

Una prisión que Obama se comprometió a cerrar en el primer año de su presidencia y que desde entonces mantiene abierta porque no encuentra un lugar donde trasladar a los presos y juzgarles.

El pasado mes de enero, Obama firmó un presupuesto para el departamento de Defensa en el que se bloqueaba el uso de dinero público para trasladar a los presos a cárceles de Estados Unidos, paso previo de un juicio en territorio norteamericano.

El anuncio de la Casa Blanca supone que la prohibición existente desde el año 2009 para que se organizaran juicios militares en Guantánamo queda restringuida y por ello comienza la cuenta atrás para que los tribunales militares, creados por la Administración de George Bush, vuelvan a funcionar.

Con claras restricciones para los detenidos y sus abogados sobre los documentos que tiene la fiscalía para acusarles de terrorismo y los métodos utilizados para montar los casos contra ellos.

A pesar de que vuelve a dar marcha atrás y Guantánamo no se cierra, el presidente ha afirmado en una declaración escrita que tiene intención de cerrar este presidio y que el mejor lugar para juzgar a los sospechosos de terrorismo son los tribunales estadounidenses.

“Creo claramente que el sistema judicial estadounidense es una parte clave de nuestro arsenal en la guerra contra Al Qaeda y sus afiliados”.

Howard “Buck” McKeon, el presidente republicano del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, ha dado la bienvenida a la decisión y ha señalado que ahora el gobierno tiene que trabajar con el Congreso para evitar que los jueces o el Tribunal Supremo pongan más trabas al reinicio de las comisiones militares.

Es probable que el primer preso que sea llevado ante uno de estos tribunales sea el saudí Abd al-Rahim al-Nashiri al que las autoridades de Washington acusan de ser el autor intelectual del atentado contra el destructor USS Cole, en las aguas de Yemen, en el año 2006.