Ya fue una buena noticia en su día, a principios de año, que el Gobierno de la Nación activase los mecanismos para hacer posible una medida de salud pública: la ilegalización de los dos partidos políticos rescatados del trastero histórico para blanquear las consabidas pretensiones de ETA y sus amigos. Uno, el PCTV, la carcasa de aquellos para las últimas elecciones autonómicas. El otro, ANV, la carcasa vigente hasta hace tres días, pensada en este caso por los amigos de ETA para las últimas elecciones municipales.
Pero si entonces fue buena noticia aquella reactivación de los mecanismos del Estado de Derecho, en el ejercicio de la legítima defensa frente a quienes aspiran a dinamitarlo –la metáfora es perfecta–, mejor noticia es levantar acta del resultado. En esta causa del Estado contra los amigos de ETA, el pasado martes tuvimos ocasión de celebrar la ilegalización y consecuente disolución de ANV, por unánime decisión de la sala especial del Tribunal Supremo.
La noticia es buena en sí misma y no vienen a cuento los reparos del PP que parecen darle más importancia al por qué no antes que al más vale tarde que nunca, con tal de dejar al Gobierno por oportunista. Da pereza recordar una vez más que, desde el punto de vista técnico, sólo pudo iniciarse el proceso de ilegalización cuando hubo pruebas suficientes de que ANV y PCTV están política y económicamente vinculadas a Batasuna, que a su vez es un instrumento de ETA, según reiterada doctrina de los tribunales. Y desde el punto de vista político, es evidente que jugó el sentido de la oportunidad. Ambos elementos son compatibles: existencia de pruebas policiales y aplicación del principio de oportunidad. Pero sin pruebas hubiera sido inútil la elección del momento ‘oportuno’ para instar la exclusión de ANV y PCTV del Registro de Partidos Políticos. De modo que, insisto, carece de sentido mirar al retrovisor si la dicha es buena. Y tiene un sentido pleno celebrar esta buena noticia como un paso más en la lucha contra el terrorismo.