E l portavoz de la Junta de Castilla y León y Consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, demostraba su respeto a la decisión de Baltasar Garzón de crear un censo de muertos y desaparecidos durante la guerra y la dictadura, asegurando que con la medida se intenta “desviar la atención” ante la crisis económica.
En opinión del político castellano, algunas medidas judiciales solamente son aplicables en tiempos de bonanza. Asegura, además, que con la Transición se habían “superado cuestiones dramáticas e históricas”. Sin embargo, es más que probable que quien opina así no tenga excesivos problemas en llegar a fin de mes, y que nadie en su familia sufrió las consecuencias de cuatro décadas de represión.
Mientras realizaba esas declaraciones, diez familias de La Bañeza se reencontraban, setenta y dos años después, con los restos de sus antepasados, enterrados en una fosa común en Izagre. Pero ningún político regional se acercó por el lugar, a pesar de que alguno de ellos tenía motivos de sobra para haberlo hecho.
Uno de ellos es José Manuel Fernández de Santiago, presidente de las Cortes y nieto de un desaparecido en los primeros meses de la contienda; Cecilio Fernández Rodríguez, vecino de la localidad toledana de Parrillas, fue asesinado junto a siete personas a manos de falangistas y adeptos a la sublevación. Siete décadas después, sin embargo, su familia se opone a que sus restos puedan ser recuperados y trasladados a un lugar digno, y no dudan en utilizar todas sus influencias para impedir que el resto de familias puedan hacerlo. Actitudes así ponen en duda la capacidad democrática de algunos políticos y demuestran que la Transición dejó demasiadas carencias que es necesario reparar.
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