Los precios de algunos alimentos básicos como los limones, el aceite de girasol y la harina se han encarecido notablemente con respecto a junio según la información que desvela este martes el Ministerio de Industria.

En este entorno de subidas, la organización agraria COAG ha dado a conocer el IPOD, índice de precios en origen y destino de los alimentos, correspondiente al mes de julio, que revela un incremento en este proceso del 10,25% a nivel general con respecto al mes anterior cuando presentaron este indicador.

El dato medio de la subida es de un 441%, con un 479% en los productos agrícolas y un 379% en los ganaderos. Entre estos últimos hay que citar la mayor diferencia en el cerdo, que va de los 1,31 euros que se pagan en origen a los 5,94 que paga el consumidor.

En cuanto a los productos agrícolas los mayores incrementos se han producido en las berenjenas, los calabacines y los pepinos. En el caso del calabacín, el consumidor paga 1,59 euros, mientras que el productor recibe por ellos 0,15 euros.

Con respecto al mes anterior, y aunque sigue habiendo notables diferencias, las sandías, los melocotones y las aceitunas han aumentado sus precios en el origen. De todos modos, se paga, por ejemplo, a los productores el kilo de sandía a 0,25 euros, mientras que los consumidores pueden llegar a pagar por esta fruta de verano 1,06 euros el kilo.

La leche, si la comparamos con mayo, ha bajado el precio en origen y ha aumentado en el destino. Así si antes se pagaba a los productores el litro a 0,45 euros, ahora se paga a 0,43 y los consumidores pagan nueve céntimos más por litro, es decir, de 0,86 euros a 0,95.

Insistiendo en la regulación comercial

Como ya es conocido, la COAG, junto con la UCE y CEACCU, han enviado a los grupos parlamentarios un proyecto no de ley en el que basándose en puntos como que los mayores afectados de estos precios son los productores y los consumidores quieren instar al gobierno a cambiar los márgenes comerciales.

Concretamente, piden mejorar los mecanismos de recogida de precios con una mayor transparencia en el proceso de formación de los mismos, que se actúe para evitar la especulación en los mercados agroalimentarios y que se implante un sistema de doble etiquetado.