Con Ruiz-Gallardón en momento contemplativo y Báñez recibiendo unos elogios de Botella que producen el efecto contrario, se ha registrado el impacto final del terremoto Wert, cuyo cálculo de daños habrá que hacerlo dentro de muchos años. Y antes de que irrumpa otro ministro para hacerse con el papel de follonero del Gobierno, ha salido a la palestra el del Interior con un proyecto de ley tan sumamente difícil de defender que ha llevado a Fernández a proferir incluso insultos desde la tribuna de oradores del Congreso y enterrar sin pudor esa imagen de hombre bueno que tanto le gusta vender. La situación que va a vivir el ministro es preocupante, porque en España no tenemos un problema de seguridad ciudadana que exija estar con la porra en ristre todo el santo día. Ni siquiera sus votantes estarán en eso tan antiguo de que “este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor”, que cantaban irónicamente Jarcha en los albores de la democracia, cuando con poder votar nos conformábamos.

Ahora, “lo peor” es tan asumible para la sociedad española del siglo XXI que cualquier endurecimiento se acerca más al pasado que al futuro. España tiene un grave problema económico y una política gubernamental de cercenar derechos de los trabajadores, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, recortar avances sociales que nada tienen que ver con el dinero. Tenemos legislación suficiente como para parar los pies a los violentos, pero intentar ampliarla es vestir a las instituciones de aquel color gris de tan infausto recuerdo. Si se detienen en uno de nuestros reportajes, verán que ya hay demasiada gente ante los tribunales por el ¿delito? de protestar contra las tijeras oficiales. ¿Por qué no prueban a tocar menos las narices de la gente? Algunos personajes públicos deberían guardarse “su miedo”, porque no es para tanto. Estamos en un país civilizado, donde se protesta generalmente con motivo.

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