La redada anticorrupción llevada a cabo el pasado 27 de octubre, en la que más de 150 guardias civiles de la Unidad Central de Operaciones (UCO), detuvieron a medio centenar largo de políticos, empresarios, funcionarios públicos, intermediarios, técnicos, expertos informáticos y hasta un topo que la trama tenía en la Guardia Civil y que estuvo a punto de frustrar la operación, ha sido la línea roja que se ha sobrepasado en los casos de corrupción en nuestro país, y lo que ha provocado un auténtico revulsivo en una opinión pública harta de tantos casos de corrupción, de tantas implicaciones y de tantos políticos que han estado robando durante años, muy por encima de sus posibilidades, parodiando la consigna oficial que ha dominado en estos tiempos de ajustes y de austeridad.

Según la Fiscalía Anticorrupción, solo en los dos últimos años esta trama corrupta municipal y regional se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros, por lo que eran detenidos seis alcaldes de la Comunidad de Madrid: los de Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco, Parla y Valdemoro. Los delitos que investiga la Fiscalía están relacionados con el blanqueo de dinero, la falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal. La mayoría de ellos tienen relación con obras por valor de 250 millones, y los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de “comisiones ilegales” a ediles municipales y funcionarios la adjudicación de esas obras por esa cantidad solo en los últimos dos años.

Durante la redada se libraron 259 mandamientos de registros de la propiedad (peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar la recuperación de activos), así como 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras, en los que las autoridades han acordado bloqueos de cuentas, valores y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. También se han realizado 30 embargos preventivos de vehículos.

El que en la gran redada haya caído Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño, ex número 2 de la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, y poseedor de tres cuentas en Suiza, junto con cinco alcaldes populares y uno del PSOE y el presidente de la Diputación de León, que apenas llevaba cinco meses en el cargo y que el día anterior había sido designado como futuro presidente del partido en León por la secretaria general, Dolores de Cospedal, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la indignación de una ciudadanía harta de tarjetas opacas, de bancos rescatados con el dinero del contribuyente, de cajas B de los partidos, de sobres en negro de políticos en activo, de sindicalistas y empresarios que se reparten el dinero de la formación, de militantes que se acogen a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sin haber trabajado nunca en esas empresas, de pagos y cobros de comisiones a cambio de favores políticos, de cuentas en paraísos fiscales…

Cómo estará el ambiente de indignación popular y de preocupación, y casi de terror, en los estados mayores de los partidos, que se ha convertido en moda salir a dar la cara (unos más que otros), para pedir perdón, insistir en la vergüenza que les producen los casos de corrupción y manifestar que se han cometido errores en determinados nombramientos, y que han caído en la trampa de los corruptos. Eso, a estas alturas, sirve de bien poco, a menos que junto al reconocimiento de los errores y a los propósitos de enmienda se produjese la inmediata dimisión y la exigencia de devolución del dinero que se ha robado. Dimisión de Aguirre por el caso Granados, y dimisión de Tomás Gómez por el caso de José María Fraile, el alcalde de Parla, designado por el máximo responsable del PSOE en la Comunidad de Madrid.

El mismo día de la redada, y ante el silencio de su partido, comparecía públicamente Aguirre para manifestar su vergüenza por lo que estaba pasando y pedir perdón por el nombramiento de Granados, su hombre de confianza durante años en el partido y en la Comunidad de Madrid. Al día siguiente, era el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien, en el Senado, pedía perdón por los nombramientos que había hecho, entre ellos el de el extesorero popular Luis Bárcenas. “Pido perdón en nombre del PP a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos. Entiendo y comprendo la indignación de los ciudadanos”.

La petición de perdón iba a durar menos de veinticuatro horas. En el Congreso de los Diputados, aprovechando el Pleno del último Consejo Europeo, toda la oposición se le echó encima, con el argumento de que tanto el Congreso como el Senado no son confesionarios sino instituciones en las que se informa y se da cuenta de los escándalos y se asumen responsabilidades. Era el primer cara a cara descalificador que se producía entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Pero no era solamente Sánchez. “La gente está hasta los mismísimos de ver como se lo han llevado crudo. Reúna a su Comité Ejecutivo y dígale: ‘Estoy hasta los cojones de todos nosotros” (Cayo Lara, IU). “La corrupción es el ébola de la democracia” (Rosa Díez, UPD). “Los dirigentes del PP deben pedir perdón, expiar sus pecados y hacer propósito de enmienda” (Joan Balldovi, Compromís). “Más allá de una petición de perdón, debe una explicación detallada, creíble y sincera a las Cortes” (Aitor Esteban, PNV).

Explicación que no se producirá porque, a pesar de que la totalidad de los partidos políticos pedían un Pleno extraordinario para debatir la corrupción y para que el presidente del Gobierno compareciese y diese explicaciones, la mayoría del Partido Popular lo ha impedido. La tesis oficial es que cada partido debe explicar sus corrupciones, pero no en ningún Pleno parlamentario.