Han pasado cuatro años desde que legalmente, en España, los jueces pueden ordenar que los maltratadores lleven un brazalete localizador. Dos años desde que María Teresa Fernández de la Vega anunciara esta medida como una de las 20 urgentes para “complementar la ley”. Y a día de hoy, la Delegación Especial contra la Violencia de Género no sabe cuando se van a implantar ni, sobre todo, quién las va a pagar. Pero dicen que están completando “su estudio técnico”.

De momento, los brazaletes sólo existen en Madrid, la única comunidad que los ha financiado.El delegado contra la violencia de género anunció ayer que el tema “probablemente” se hable en la conferencia de presidentes que se celebrará  en septiembre. Pero ahora que el Gobierno se decide a iniciar el debate sobre su financiación, los expertos dudan sobre su utilidad. “La pulsera es un gran dispositivo para localizar cadáveres”, dice  Lola Aguilar, directora del Centro de Atención e Inserción de Mujeres Maltratadas. “Las órdenes de alejamiento suelen ser de 100 o 200 metros y cuando alguien está a esa distancia, ya está encima”.

“No le vemos ninguna eficacia. El agresor puede quitársela cuando quiera y aunque si lo hace también salta la alarma desde ese momento ya está ilocalizable. De hecho, no sólo es que no sea eficaz, sino que su uso puede ser contraproducente, porque puede generar una sensación de falsa confianza en la mujer”, asegura Aguilar. Para ella “la única alternativa es la prisión preventiva para quien vulnere por primera vez la orden de alejamiento, por quebrantar una orden judicial.

El Observatorio de los Jueces, a favor 

El CGPJ pasó hace dos meses una encuesta entre los juzgados competentes para saber cuántas pulseras habían ordenado. El resultado, que se hará público en septiembre, son 38 brazaletes.  Francisca Verdejo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona y miembro del observatorio del CGPJ asegura que si los jueces han recurrido tan pocas veces a este sistema no es porque tengan reticencias, sino porque carecen de él. “En primer lugar en Barcelona no los tenemos. Pero en Madrid al principio tampoco se recurría a ellos porque los jueces no estaban informados”. 

Para ella, el sistema es positivo cuando la prisión no es posible, e incluso al agresor le interesa optar por ella para no verse privado de libertad, dice Verdejo. “La pulsera por si misma no soluciona un problema pero como complemento al resto de recursos de la ley es muy válida”, cree. En cualquier caso, en su opinión, las diferencias que actualmente existen entre las víctimas de unas y otras comunidades cuando menos “no se ajustan al espíritu de la Constitución”.