Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer al capitán del buque cazatesoros Odyssey Explorer por un delito de desobediencia a la autoridad al tratar de impedir el registro del barco, que había sido ordenado por el juez, según  fuentes del Instituto Armado.

El barco cazatesoros fue interceptado ayer por la mañana a cuatro millas al sureste de Punta Europa, en aguas españolas, en la Bahía de Algeciras (Cádiz), por orden del juez de La Línea que instruye el caso y que determinaba que el barco debía ser interceptado en cuanto entrase en aguas españolas.

Cuando los agentes se personaron en el puerto de Algeciras para cumplir la ejecución del auto judicial de registro, el capitán del Odyssey Explorer quiso impedir que los miembros del Instituto Armado llevaran a cabo la inspección del buque.

Debido a esta circunstancia, los agentes procedieron a detener al capitán del barco, que está acusado de un delito de desobediencia, según las mismas fuentes. 

Respuesta

Por su parte, la empresa estadounidense Odyssey señaló que, tras el apresamiento del buque cazatesoros, espera “noticias” del juez que ordenó la inspección del barco.

La compañía estadounidense anunció el pasado mes de mayo el descubrimiento de un tesoro compuesto por monedas de oro y plata y otros objetos en un pecio de la época colonial, valorado en más de 500 millones de dólares.

Sobre el barco pesa una orden de un juzgado español que investiga si la empresa expolió patrimonio de España.

El pasado mes de septiembre, James Goold, el abogado que representa al Gobierno español, declaró que las pruebas de que el tesoro hallado por Odyssey en mayo pasado procede de un barco de bandera española son “muy fuertes”.

El caso en tribunales

El Gobierno de España ha presentado una reclamación ante un tribunal de Tampa (Florida, EEUU), en la que solicita al juez encargado del caso que “rechace todas las demandas que Odyssey presentó el pasado 6 de agosto con respecto al pecio denominado ‘Cisne Negro'”.

Goold explicó que “la petición formal” presentada persigue además que el tribunal desestime las reclamaciones de Odyssey “contra España” y se determine que la empresa “cazatesoros” “no tiene derecho legal” sobre el yacimiento arqueológico.

El Ministerio español de Cultura considera, como hipótesis más verosímil, que se trata de un cargamento extraído de un pecio de bandera española que se encuentra en aguas internacionales.

Odyssey, en un informe que entregó en agosto pasado, solicitó indemnizaciones al Gobierno de España por las pérdidas que considera que ha sufrido por las “obstrucciones en sus operaciones”.