El Congreso de los Diputados no investigará lo ocurrido con Bankia, con su banco malo, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) al que las siete cajas de ahorros que se fusionaron en ella transfirieron sus activos tóxicos. Tampoco la gestión que durante más de una década políticos y gestores hicieron de las dos principales y más problemáticas entidades, Caja Madrid y Bancaja, principales causantes de un agujero que el Estado tendrá que tapar con 23.000 millones de euros de dinero público. No habrá una comisión de investigación como la propuesta por IU, ICV y Chunta Aragonesista, a la que no se hubiera opuesto el resto de grupos. Hubiera sido una comisión oficial que habría obligado a comparecer a personas que no están conminadas a informar en otros órganos parlamentarios y que tendrían que decir la verdad, como ante un tribunal. Se han opuesto PP y CiU. Según ha explicado el mismo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la negativa popular se debe a que echar luz sobre lo ocurrido con Bankia podría empeorar la imagen del ya de por sí denostado sistema financiero español. CiU quería limitarse a la comparecencia del ya exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la comisión de Economía del Congreso y solo después y “en función de sus respuestas”, estudiaría pedir más comparecencias o la comisión de investigación.

El resto de grupos, sin embargo, sí hubieran querido una comisión de investigación en general sobre la crisis financiera y de las cajas de ahorros y con un foco importante en lo ocurrido en Bankia, la cuarta entidad española. Según la petición formal de Izquierda Plural, podría haber durado tres meses, la hubieran formado 14 diputados y sus conclusiones hubieran sido aprobadas por el Congreso, comunicadas al Gobierno y, si hubiera procedido, puestas en conocimiento de la fiscalía.

Estas son las personas que no comparecerán y los temas que no investigará la comisión de investigación que no creará el Congreso.

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