Hacienda prepara un plan antifraude que, según dicen en el Ministerio de Economía, “hará historia”, porque con él pretende recaudar más de 10.000 millones de euros extra. Su puesta en marcha va a coincidir en el tiempo con otro conjunto de medidas que pretenden hacer aflorar empleos sumergidos que en muchos casos engrosan las estadísticas de desempleo y no pagan impuestos.

Y es que con la crisis la magnitud de la economía sumergida en España ha repuntado. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las arcas públicas dejaron de ingresar durante 2009 más de 244.000 millones de euros, lo que se traduce en aproximadamente un 23% del PIB de la economía española. Desde hace años, pero ahora aún más, ha pasado a ser habitual toparnos, con mayor o menor frecuencia, con personas que nos ofrecen sus servicios o venden productos sin la correspondiente factura o sin el cobro del IVA. “Existe una visión creciente de impunidad ante el fisco. La gente tiene la sensación de que no pasa nada o no les van a pillar”, dice José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Otros expertos tratan de encontrar algún aspecto que pudiera parecer positivo en este repunte de la economía sumergida. El motivo que aducen algunos economistas es que estaría sirviendo de válvula de escape para muchas familias españolas. Y es que de lo contrario las estadísticas oficiales no acaban de entenderse. “Con unas cifras del 20% de desempleo, sin economía sumergida la situación sería insostenible en España. Es más, los precios de las viviendas tendrían que haber caído drásticamente”, advierte Raúl Sánchez, uno de los coautores de un informe sobre el tema recientemente publicado por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).

Tabla de salvación.

En estos momentos, la economía sumergida parece haberse convertido en la alternativa al cierre o al cese de actividad para muchas empresas. “Cuando las sociedades entran en dificultades lo primero que se dejan de pagar son los impuestos, luego vienen las cuotas a la Seguridad Social y más tarde el pago a los proveedores, bancos y trabajadores. Esta ha sido tradicionalmente la manera de operar en España”, dice Mollinedo. La economía oculta también parece estar siendo el salvavidas para muchas de las personas que han perdido su empleo en los últimos meses. Estos ingresos les estarían ayudando a complementar sus prestaciones por desempleo y poder hacer frente al pago de sus alquileres, hipotecas y demás gastos fijos.

No obstante, tanto con crisis como sin ella, la práctica de la economía sumergida no es nueva en España. Así se desprende del último estudio elaborado por el prestigioso economista Friedrich

Schneider, en el que señala a España como el tercer país con mayor índice de economía sumergida de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo por detrás de Grecia e Italia. El informe, elaborado a partir de métodos de medición indirectos como el estudio de la demanda de dinero y el método de variables múltiples, asocia estas cifras a factores como la elevada tasa de paro, la escasa flexibilidad de nuestro mercado laboral o la llegada masiva de inmigrantes en los últimos años. Asimismo, advierte que países con un PIB alto encontrarían menos alicientes para apuntarse a la práctica de la evasión fiscal.

Según la OCDE, por economía sumergida se entiende el conjunto de actividades económicas cuyo producto final es legal, pero que son escondidas deliberadamente a las autoridades de un país para evitar el pago de impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social. Así, actividades como la prostitución, la distribución de drogas o armas, teóricamente no formarían parte de la economía sumergida, porque su principio y su fin son ilegales en ambos casos.

Lo que sí es legal en España, aunque se haya convertido en un problema, es la construcción. El boom que desde mediados de los 90 conoció el sector inmobiliario no se vio acompañado, como cabría esperar, de una mayor responsabilidad fiscal. Por el contrario, el del ladrillo, como vulgarmente se le conoce, ha sido el sector donde se han evadido más impuestos. “Estaríamos hablando de un fraude que podría alcanzar entre los 8.200 y 8.600 millones de euros anuales”, afirma Mollinedo.

Las prácticas fraudulentas más frecuentes son no dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social y el cierre de empresas para eludir los costes de cotización. Le seguiría en este rankin la hostelería, sobre todo en trabajos realizados durante los fines de semana, festivos y periodos de alta ocupación turística. También se registra una elevada tasa de economía sumergida en la prestación de servicios como los que se realizan en despachos profesionales en los que a veces también se cobra sin IVA.

Incluso en algo tan visible como la agricultura y la ganadería también se registran elevados índices de economía sumergida dado el carácter estacional del trabajo y el número de inmigrantes empleados, en algunos casos de forma irregular. Servicios como los trabajos en el hogar o los relacionados con la docencia, como las actividades extraescolares o clases particulares, vendrían a completar el panorama de la economía oculta española.

Pero falta uno para el que Hacienda ha diseñado incontables planes de vigilancia sin demasiado éxito hasta ahora. Más de la mitad de los alquileres en España no se declaran. En total, se calcula que más de un millón de arrendamientos escaparían al control del fisco. Con ello, según los técnicos, cada año se estarían dejando de recaudar más de 3.000 millones de euros. Las comunidades donde más fraudes se producen son Cataluña, Andalucía y Madrid, por este orden. El perfil se corresponde con propietarios que alquilan su antigua vivienda para pagar su actual hipoteca y jubilados que buscan complementar su pensión.

Sumados todos los factores, según los cálculos de los técnicos de Hacienda, La Rioja (31,4%), Canarias (28,7%), Ceuta (27%), Melilla (26,9%), Castilla-La Mancha (26,5%) y Galicia (26,3%) son las comunidades autónomas donde se ha detectado una mayor tasa de economía sumergida durante 2009, los últimos datos disponibles al poder ser cruzados con el pago de impuestos realizado en 2010 (ver mapa en página anterior).

Mirando hacia fuera, otra pregunta frecuente es si realmente son los países mediterráneos los más tramposos. La duda la aclara el estudio elaborado por Schneider en un total de 165 países. Grecia (25,2%), Italia (22,2%) y España (19,8%) se situarían a la cabeza del rankin con un volumen de economía sumergida superior al resto. Sin embargo, resulta curioso cómo la cifra española tampoco se aleja mucho de la media registrada en la OCDE (14%). La diferencia con países a los que se les viene asociando un comportamiento ejemplar, como es el caso de Suecia (15,6%), Noruega (15,4%) o Dinamarca (14,4%), tampoco sería demasiado elevada. En cuanto, a las tasas más bajas, se registran en EEUU (7,8%), Suiza (8,3%), Austria (8,6%) y Japón (9,7%).

Efectos perniciosos.

Pero el problema real es que el dinero de la economía sumergida no produce beneficios para el resto de la sociedad. Solo durante 2009 se dejaron de ingresar más de 244.000 millones de euros, según afirman los técnicos de Hacienda. Y ese no sería el único efecto pernicioso. Al tiempo que las arcas públicas adelgazan, se generan fuertes desequilibrios no solo en la economía, sino también en la sociedad. Es lo que advierte el estudio de Funcas, según el cual la economía sumergida estaría afectando a la equidad y la eficiencia económica al producir distorsiones en el acceso de los ciudadanos a determinados servicios públicos, haciendo recaer la carga fiscal sobre los que actúan en la legalidad y distorsionando el mercado, ya que algunos precios no estarían sujetos a gravámenes.

“Teniendo en cuenta este panorama, es muy probable que se diseñen políticas que no respondan a las necesidades reales y que estén orientando esfuerzos hacia sectores pensando que son los más desfavorecidos cuando no lo son”, señala el profesor Raúl Sánchez, coautor del informe. En definitiva, aunque en tiempos de crisis la economía sumergida pueda justificarse por la necesidad, si se prolonga en el tiempo puede acabar generando situaciones de desequilibrio como son la competencia desleal, la precarización del trabajo o la puesta en marcha de políticas poco adecuadas.

En momentos como el actual, hacer aflorar la economía sumergida parece haberse convertido en una prioridad. Más si se tiene en cuenta que, con la adecuada adopción de medidas antifraude, se podrían aumentar considerablemente los ingresos y hacer frente al fuerte déficit que se está padeciendo. Por contra, si no se hace, los efectos pueden ser muy negativos, como ya advierte Carmen Alcaide, ex presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el libro sobre economía sumergida preparado por el Círculo de Empresarios. “La existencia de un amplio volumen de este tipo de actividades debe considerarse como un fracaso del sistema económico, político y social”, concluye.

Medidas antifraude.

Vista la magnitud del problema, ¡qué hacer? “En tiempos de crisis, más que incrementar la presión sobre empresas y trabajadores resulta más atractiva la idea de motivar al contribuyente para que pague”, señala el portavoz de los técnicos de Hacienda Mollinedo. ¿Cómo? El aplazamiento en el pago de impuestos y la reducción de los recargos cuando se sobrepasen los plazos son algunas de las ideas que propone este colectivo. También destaca la importancia de incrementar la información de la Agencia Tributaria: “Si el contribuyente sabe, por ejemplo, que tenemos datos sobre el consumo de electricidad, agua o gas que se genera en su vivienda arrendada ilegalmente es muy probable que deje voluntariamente de evadir al fisco”, añade el secretario general de Gestha.

Los técnicos de la Agencia Tributaria piden también que se aumenten los esfuerzos no tanto para pillar a autónomos, pequeños comerciantes o jubilados como para captar aquellos fraudes que se están cometiendo en grandes corporaciones y empresas. Y es que según Gestha, el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria estarían destinados a pequeños fraudes. Solo el 20% restante estaría intentando cazar a los grandes defraudadores. Para Gestha, el motivo es que estos pequeños fraudes son mucho más sencillos de atrapar, lo que asegura al fisco alcanzar las cifras que se propone cada año.