En una semana dominada por noticias sobre escandalosos casos de corrupción, el secretario general del PSOE y líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto un pacto de Estado para acabar con esas prácticas ilegales que están poniendo en peligro la democracia y generando un creciente rechazo contra los partidos y los propios políticos.

Tratando de recoger el sentir mayoritario de la ciudadanía, el líder socialista llama la atención sobre los últimos casos de corrupción política, que han creado, según él, “una grave herida en la democracia” española que merece “una reflexión profunda” por parte de los partidos “dispuestos a ello”. Entre las propuestas que contempla el político socialista están el refuerzo del control sobre las finanzas pú-blicas o la mejora de los mecanismos de investigación y castigo de estos delitos. “En suma, control, persecución y transparencia, mucha transparencia”.

La Propuesta Rubalcaba ha venido a coincidir con la acumulación de diversos casos de corrupción y con una demoledora encuesta de Metroscopia: 96 de cada 100 españoles están convencidos de que el nivel de corrupción en la política española es muy elevado; un 63% considera que ha crecido esa práctica entre los partidos; un 54% asegura que es superior a la de otros países; y hasta un 95% desconfía de las intenciones de los partidos y de la eficacia de la Justicia para combatir la corrupción.

El sondeo de Metroscopia refleja que el 88% de los españoles reprocha a los actuales partidos que miren por sus intereses y sus problemas y no por los de la sociedad; el 81% asegura que crean más problemas de los que resuelven; y el 72% lamenta que sientan los pactos como debilidad y no como fortaleza. La encuesta también pone de manifiesto un declive de lo que se conoce como clase política, porque el 66% asegura que los partidos actuales son peores que los de la Transición y el 55% opina que con los de ahora no se hubiera logrado el tránsito a la democracia. El 86% de los encuestados exige a los partidos ese gran pacto nacional para hacer frente a la crisis económica, pero la mayoría es pesimista respecto al éxito de esa petición. Concretamente, el 76% considera improbable ese acuerdo.

Las conclusiones de la encuesta son coherentes con la desafección hacia la clase política que reflejan otros sondeos y estudios, empezando por los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El último, de hecho, seguía situando la preocupación por los partidos y por la clase política como uno de los principales problemas de los españoles, en tercer lugar tras el paro y la situación económica. La preocupación por la corrupción casi se ha duplicado desde la última encuesta y pasa del 9,5% al 17,2% de los encuestados, que la mencionan como uno de los principales problemas de España, inmediatamente después de la clase política.

Y no es para menos porque, junto con un verdadero alud de noticias sobre casos de corrupción, cada vez más escandalosos y que afectan a todos los partidos e instituciones, el foco de la actualidad sigue centrado en uno de los males que amenazan la credibilidad de la democracia española, sacudida por la mayor crisis política, económica y social desde la desaparición de la dictadura.

Junto con los negocios y las cuentas en paraísos fiscales del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de sus hijos (alguno de ellos ha confirmado, incluso, que se ha acogido a la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro), el reconocimiento por parte de abogados de Unió Democràtica de Catalunya, el partido democristiano que forma parte de la federación catalana Convergència i Unió (CiU), en pleno proceso de independencia de Cataluña de España, de que hubo financiación ilegal de Unió, para evitar que miembros del partido fuesen condenados a elevadas penas de prisión, y la negativa de su máximo dirigente, el diputado Josep Antoni Duran i Lleida, a asumir ningún tipo de responsabilidad, a pesar de que había prometido hacerlo cuando se comenzó a investigar el caso, hace más de 16 años, han sido los episodios que más malestar e indignación han producido en la opinión pública.

Y eso sin olvidar el caso del ex vicepresidente del Gobierno, expresidente de Bankia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, el ministro que privatizó Telefónica y que acaba de desembarcar en la compañía como consejero y asesor de los comités de Europa y Latinoamérica; el caso del expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, actualmente en prisión; o el caso del exconsejero de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes, que ha terminado de consejero de la empresa médica que se ha hecho con los análisis clínicos de todo Madrid, que él privatizó cuando estaba de responsable de Sanidad en el Gobierno de la comunidad.

Y, cómo no, está el caso Urdangarin, el yerno de Don Juan Carlos, casado con su hija pequeña Cristina, que conforme avanza la investigación, más escándalo produce, ya que ahora ha entrado en funcionamiento lo que se llama la ruptura de la ley de la Omertà, el chantaje y la amenaza hasta llegar al entorno de la Jefatura del Estado.

Si nos centramos solo en los grandes casos de corrupción política, en estos momentos más de 200 cargos políticos, en solo cinco comunidades autónomas (varias decenas están repartidos en otras autonomías), están acusados de corrupción, siendo Baleares, con 76, la autonomía que ostenta el récord. Por partidos, es el PP el más afectado, seguido de Unió Mallorquina, con 40 casos, y del PSOE-PSC, en tercer lugar. Proliferan los casos en pequeños partidos independientes, en municipios y diputaciones, y casos tan llamativos como el del Parlamento valenciano, donde el segundo grupo político más numeroso es el de militantes del Partido Popular, implicados todos en sonados casos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación…