La Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación tras las denuncias presentadas por un supuesto caso de seguimiento y espionaje a miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha decidido citar a declarar como testigo al periodista del diario El País Francisco Mercado, autor de las informaciones publicadas sobre la existencia de una especie de servicio secreto formado por ex agentes de la Policía y Guardia Civil a sueldo de la Consejería de Interior.

Las pesquisas se inician tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y por el vicealcalde Manuel Cobo por los presuntos seguimientos de que han sido objeto en los últimos meses, según el Tribunal Superior de Justicia.

La Fiscalía ha decidido, además, oficiar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior -cuyo responsable es Francisco Granados- para que remita cuanta información tenga en relación a los seguimientos a González, Cobo y el ex consejero madrileño Alfredo Prada. El fiscal superior de la Comunidad, Manuel Moix, no descartó que Granados sea citado a declarar como imputado.

“Estoy encantado de ir a declarar a la Fiscalía o donde corresponda como, además, es mi obligación”, apuntó el consejero en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Relación con la Comunidad

La Consejería deberá informar sobre la existencia o no de alguna relación con el ex inspector de Policía Marcos Peña que, según las informaciones publicadas por El País, dirige un “servicio de espionaje”. Peña fue fichado por Granados en julio como asesor para temas de seguridad.

La Fiscalía quiere que Interior informe sobre si Peña tiene relación con esa u otra consejería o con cualquier órgano de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia no tiene prevista ninguna otra diligencia, salvo las que puedan derivarse del resultado de las ya abiertas.

Moix confirmó que el Ministerio Público incoó el miércoles diligencias de investigación tras recibir la denuncia de González por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, al haber sido grabado con cámara oculta sin permiso durante un viaje oficial y otro privado. González insiste en que las fotografías que se le tomaron evidencian que “quien las tomó lo hizo de forma clandestina u oculta”. Y destaca que los autores hayan “utilizado información reservada”, que “no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público”.

A esta denuncia se ha acumulado la presentada por Cobo sobre los mismos hechos, basada en intromisión ilegítima a la intimidad y la propia imagen. Moix ha adelantado que ya se han acordado una serie de diligencias para esclarecer si hay o no delito en los seguimientos practicados. “Se trata de investigar si los hechos denunciados son delito”, explicó.

“Ganas de saber”

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que no atribuirá responsabilidades en el caso hasta escuchar las explicaciones que dé Granados ante la Asamblea regional. “Sabemos que las personas [que han realizado los seguimientos] estaban adscritas a una unidad de la Comunidad autónoma pero no sabemos si lo hicieron siguiendo instrucciones, a quién dieron esa información o si lo hicieron en connivencia con otros. Lo que tenemos es ganas de saber”, dijo.