En pleno debate sobre el copago en la asistencia sanitaria, un documento técnico de la Consejería de Sanidad estudió en diciembre pasado qué prestaciones podrían excluirse o rebajarse de la batería de servicios básicos recogidos en el Real Decreto de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud de 2006.

Un portavoz de la Consejería explicó que el documento, aunque elaborado allí, “ni fue solicitado ni ha sido leído por el consejero o la viceconsejera”, y señaló que el informe es una “ficha” creada por “un técnico” dentro de sus tareas. También subrayó que “no forma parte de ningún programa de la consejería ni de sus objetivos”. El Real Decreto al que se refiere es una competencia estatal y la Comunidad de Madrid no podría actuar de forma unilateral.  

“Dificultad de elegir”

La subdirección de Aseguramiento de Atención Primaria diseñó una propuesta, a la que ha accedido ADN mediante la Coordinadora Antiprivatización Sanitaria, que recopila servicios susceptibles de sacarse del sistema o, al menos, ser copagados por los pacientes, como la vacuna contra el papiloma humano (VPH), la atención bucodental, el material de control de la diabetes, la reproducción asistida o la reasignación de sexo, entre otros.

El documento reconoce “la dificultad para elegir (…) dado que todas ellas son prestaciones que pueden considerarse básicas y necesarias, están consolidadas, se ha dotado a los centros sanitarios de los recursos sanitarios para llevarlas a cabo”, señala.  Ante esta situación, el informe apunta que quizá lo que debería abordarse es hacer más “riguroso el acceso” a las prestaciones o hacer que el paciente participe en la financiación.

Pagar por la comida

El texto también pondera la reducción de costes en las estancias hospitalarias. Por ejemplo, las dietas específicas que, según su cálculo, suponen 39 millones con una estancia media de ocho días podrían incluirse en el “copago por el paciente” a pesar de que recoge repercusiones “sobre el acceso a la asistencia especializada”. El estudio se extiende al control de natalidad, tanto ligaduras de trompas como vasectomías (7.427 operaciones y 8 millones de euros en 2009) por “no responder a necesidades de salud”.

También se cuestiona el carácter de básico y las motivaciones de salud en la reasignación de sexo. Además, “el impacto social es muy limitado” pues “la población diana es reducida”, se observa. El estudio precisa también que “debiera revisarse a nivel nacional la oportunidad de mantener la exención” de pago por parte del usuario de los tratamientos por accidentes o enfermedades de trabajo.

Vacunas

El técnico propone una revisión del calendario nacional. Sobre el VPH (contra el papiloma) apunta al copago y argumenta que la población diana es reducida (niñas de 14 años) y la “controversia” sobre su eficacia. El coste por vacuna es de 93,6 euros. Se destinaron a este programa 5.945.000 euros en 2010 para 19.742 personas vacunadas.

Reproducción

El informe técnico duda de que la reprodución asistida sea una “prestación sanitaria básica” y de su eficacia: “un 30% de éxito”. En 2009 había 898 pacientes pendientes y se dieron 2.493 ciclos de inseminación. El gasto total en inseminación artificial ascendió a 2,1millones en 2009 y en técnicas reproductivas 7,8.

Dentista

Propone eliminar “todas o algunas de las prestaciones del Plan de Salud Bucodental”. En 2010 se atendieron a 429.887 niños., y el ministerio lo subvencionó con un millón de euros. Entiende que “el impacto en la opinión pública no sería muy negativo, ya que algunas comunidades no lo han puesto en marcha totalmente.

Sillas de ruedas

La Comunidad financió en 2008 5.256 sillas manuales por 1,7 millones. Se considera que puede haber mal uso y desecho de sillas aún en buen estado. Valora la posibilidad del copago. De igual manera, las muletas, que ya están bajo “copago de 12 de euros” podrían quedar fuera de las prestaciones por acercarse esa cifra “al precio de mercado”.

Tiras de diabéticos

Aduce la “sobreutilización o el mal uso” para valorar la cofinanciación o la exclusión total en el caso de los no insulinodependientes. También entiende que hay autonomías que las prescriben con recetas y en Madrid se “suministra gratuitamente”. Sí admite un impacto económico negativo en los insulinodependientes.