Iker Rodrigo Basterrechea, que fue dirigente de la organización juvenil Jarrai, ha tenido un protagonismo decisivo en la estrategia de la izquierda aberzale para participar en las autonómicas vascas del próximo 1 de marzo, según fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ello ha permitido al mundo radical lanzar dos listas con las que pretende tener representación en las instituciones: la plataforma electoral Democracia 3 Millones (D3M), con candidatos claramente contaminados, y la formación dormida Askatasuna, una lista blanca, con personas sin antecedentes. De esta forma intenta burlar la ley de partidos y realizar la función que en su momento llevó a cabo el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en la tres provincias vascas. Iker Rodrigo, de 31 años, fue candidato por Euskal Herritarrok en las elecciones municipales de 1999 por Erandio (Vizcaya), candidato por la misma localidad con la agrupación de electores Erandiotarrak en las municipales de 2003, apoderado de EHAK en los comicios al Parlamento Vasco de 2005 y candidato de la agrupación de electores Erandioko Abertzale Sozialistak en las municipales de 2007, también en Erandio. Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo señalan como presunto responsable de EKIN, el aparato político de ETA, al ser la persona “con mayor capacidad de mando y decisión sobre el resto de integrantes de Batasuna con quienes ha contactado para coordinar toda la estrategia de la formación ilegalizada”. Las mismas fuentes aseg ran que Rodrigo “manda y controla a otros responsables de Batasuna, como Elizabet Zubiaga, Agurtzane Solaberrieta, Imanol Nieto Casnueva o Anastasio Erquizia”, los tres primeros, detenidos en la operación policial llevada a cabo el pasado día 23 en el País Vasco y Navarra, bajo la supervisión del juez Baltasar Garzón y de los fiscales antiterroristas Dolores Delgado y Vicente González Mota. Una operación que facilitará a la Fiscalía del Tribunal Supremo el camino para la impugnación de las dos planchas electorales.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional le atribuye el mismo papel de “comisario político” de la Mesa Nacional de Batasuna que tuvo en su momento Unai Fano, a quien la policía considera el presunto enlace entre la banda terrorista y Batasuna. Unai Fano, asesor de Batasuna, estaba en busca y captura hasta que fue detenido en Francia y entregado a las autoridades españolas el pasado 18 de diciembre para que sea juzgado en nuestro país. El nombre de Iker Rodrigo apareció entre la documentación intervenida al responsable de ETA Ibón Fernández Iradi, Susper, cuando fue detenido en la localidad francesa de Tarbes (Francia) el 19 de diciembre de 2002. En el registro llevado a cabo en la sede de EHAK en el polígono de Belartza, en San Sebastián, se intervino una tabla de datos con los sueldos mensuales que, en mano o mediante transferencias bancarias, percibían distintas personas de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y el sur de Francia. Entre los perceptores de dichas cantidades, por un importe de 1.200 euros mensuales, figuraba Iker Rodrigo. En el registro de su domicilio se intervinieron diferentes documentos, entre ellos uno sobre el proceso de debate interno de Batasuna, Bide eginez (“Buscando camino”), que culminó en enero de 2005, en fechas previas a la frustrada tregua de ETA de 2006. Además, se le incautó un cuadernillo titulado Qué hacer ante una detención y otro con el nombre de Ponencia, línea política de Batasuna. Según Garzón, Iker Rodrigo y los otros siete detenidos -Amparo Las Heras Gainzarain, Imanol Nieto Casnueva, Elizabet Zubiaga, Agurtzane Solaberrieta, Arantxa Urkaregui, Hodei Egaña Diez-Picazo e Iñaki Olalde Arana–, pretendían reconstruir la estructura de Batasuna. A todos ellos los ha acusado de integración en organización terrorista. Hodei Egaña es el responsable de Batasuna en Guipúzcoa y quien reservó el alquiler del Kursaal para el próximo día 31 con objeto de presentar a los candidatos de D3M. Garzón acusa a Arantxa Urkaregui de integrarse en el frente político institucional del MLNV y de estar “directamente comprometida en la nueva iniciativa de D3M”. Agurtzane Solaberrieta fue candidata de Askatasuna en 2001 y habría organizado, según el juez, las recientes convocatorias públicas de la izquierda aberzale.

Desafío

Algunos de los detenidos aparecen en las candidaturas de D3M, como la periodista y portavoz de la plataforma, Amparo Las Heras, quien lidera la citada agrupación de electores como número uno por Álava. En Guipúzcoa la número uno es Idoia Ibero, que encabezó una lista de ANV anulada por el Supremo en 2007, y la número tres es Itziar Aizpurúa, una histórica de Batasuna. En Vizcaya, encabeza la lista de D3M Itziar Lopategi, que fue portavoz de las ilegalizadas AUB y de ANV para las Juntas Generales vizcaínas. Le sigue otro histórico de Batasuna, Julen Aginako. Garzón mantiene que Askatasuna también es una “marca propia de ETAEKIN- Batasuna” en reserva para poder accionarla en cualquier momento. Los promotores de esta candidatura han cuidado mucho las listas para eludir el cerco policial y judicial. Han captado a personas independientes, la mayoría de ellas desconocidas y vinculadas a movimientos sociales del País Vasco y muy alejadas de la órbita del mundo radical, para poder presentar listas limpias. Pese a ello, el fiscal general del Estado ha pedido a las tres juntas electorales que le faciliten todos los datos sobre estas planchas para cotejar datos y posibles vínculos con otras formaciones ilegalizadas.

Impugnaciones en el Supremo

El fiscal jefe de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Antonio Narváez , será el encargado de impugnar las candidaturas aberzales. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido , se inclina por presentar un recurso electoral ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, al ser su tramitación mucho más rápida que la de una demanda de ilegalización, que abocaría a un proceso mucho más largo. La impugnación de las listas se presentaría tras la proclamación oficial de candidatos, el día 2 de febrero. La ley electoral fija un máximo de dos días para su presentación, y da un plazo perentorio de tan sólo 12 horas para que las partes hagan las alegaciones que estimen pertinentes. La resolución judicial debe dictarse en los dos días siguientes a la interposición del recurso. Tiene carácter firme e inapelable, sin perjuicio del procedimiento de amparo que pueda iniciarse ante el Tribunal Constitucional, y que deberá solicitarse en el plazo de dos días y que el TC debe resolver en los tres días siguientes.

La Fiscalía trata de evitar que la eventual anulación de listas electorales se haga en virtud de una medida cautelar que pueda adoptar el juez Garzón -en el marco de las diligencias previas 72/08-, tal como ocurrió en el caso de PCTV y ANV. Entonces, la Fiscalía pidió la suspensión de actividades de los dos partidos, primero a Garzón, por la vía penal, e inmediatamente después a la Sala del 61 del Tribunal Supremo, en aplicación de la ley de partidos. Pero el magistrado se plantó ante las presiones que le llegaron desde medios políticos y periodísticos para que actuase con rapidez contra ambas marcas electorales e hizo saber al fiscal general del Estado que no permitía que los políticos le marcaran los plazos.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza , cree que la vía penal es el último recurso para impedir que una formación política participe en las elecciones: “El Ministerio Público no puede suplantar la labor que la ley de partidos asigna a los magistrados de la Sala 61 del Supremo, a quienes corresponde la revisión del proceso electoral”. La labor de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, subraya, “es investigar posibles actividades delictivas relacionadas con el terrorismo para dar apoyo e información al Supremo ante una eventual impugnación de las listas”.