El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, ha leído la sentencia de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que murieron 191 personas y resultaron heridas más de 1.800, y ha ratificado la investigación elaborada por el juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo y las conclusiones de la comisión de investigación en el Congreso de 2005.

El tribunal ha condenado a más de 35.000 años de prisión a los autores materiales del 11-M y al colaborador necesario, José Emilio Suárez Trashorras. Mientras, el hasta ahora considerado cerebro de la trama, Rabei Osman El Egipcio, y otros siete acusados (entre ellos el cuñado y la mujer de Suárez Trashorras), han sido absueltos.

Desde un primer momento, y tras garantizar que la videoconferencia a través de la que el El Egipcio, preso en Milán (Italia), funcionaba correctamente, Gómez Bermúdez ha comenzado argumentando sus decisiones y criticando las suspicacias.

“Algunas críticas se basan en que muchas veces se ha sacado un dato, se ha descontextualizado y se impide llegar a una conclusión bajo la lógica”, ha leido Gómez Bermúdez, en alusión a la teoría de la conspiración.

El principal argumento de esta teoría, que relaciona a la banda terrorista ETA con la matanza, también se ha descartado explícitamente por el presidente del tribunal. “No hay pruebas de que ETA tenga alguna relación con el 11-M”, ha afirmado Bermúdez.

Detonadores y Mina Conchita

Para el tribunal, los detonadores hallados en la mochila de Vallecas han sido “fundamentales para la investigación”, ya que son los mismos que se hallaron en Leganés el 3 de abril de 2004, tras la explosión provocada por siete suicidas y que costó la vida a un Tedax.

Tal y como especificaba la investigación policial, estos detonadores provienen de la Mina Conchita de Avilés.

“Fue la total colaboración de algunos de los trabajadores de la Mina Conchita por lo que se pudieron robar”, ha explicado el presidente del tribunal.

También el explosivo, concretamente Goma 2 ECO, proviene de Mina Conchita. La teoría de la conspiración hablaba del uso de Titadyne, explosivo utilizado habitualmente por ETA.

Bermúdez ha destacado que el testimonio del menor Gabriel Montoya El Gitanillo fue “fundamental” para encajar las piezas de la trama asturiana, ya que es coherente y concuerda con lo dicho por otros testigos.

La mochila de Vallecas

Otra de las pruebas fundamentales desacreditada por la teoría de la conspiración, la mochila hallada en la estación de Vallecas con una bomba en su interior y que llevó hasta las primeras detenciones, ha sido considerada como “indudablemente válida”. Según ha explicado Bermúdez, “se produjeron descoordinaciones en la cadena de custodia, pero sin efectos jurídicos”.

El tribunal “no ha encontrado indicio alguno” sobre la tesis mantenida por algunas defensas de que la mochila pudo ser colocada allí posteriormente.

Bermúdez también ha relacionado la tarjeta telefónica hallada en la bomba desactivada en el parque Azorín (la que estaba en el interior de la mochila de Vallecas) con las compradas en el Bazar Top (propiedad de los hindúes detenidos al día siguiente de los atentados).

Tras estas explicaciones, el juez ha relacionado el explosivo de la mochila y el de los trenes, los teléfonos comprados en Bazar top y el utilizado para activar las bombas, así como los moviles con la finca de Chinchón (Madrid), en donde se prepararon los atentados.

La Kangoo

El presidente del tribunal ha explicado que la furgoneta Reanult Kangoo, hallada en Alcalá de Henares junto al apeadero, fue transportada y tratada de forma “escrupulosa”, sin que los responsables policiales “entraran en la parte delantera de la furgoneta”.

Bermúdez también ha destacado que la cadena de custodia “no se rompió en ningún momento”, y que su contenido ha sido importante, porque se encontraron elementos que han resultado “determinantes”.

El resto de objetos hallados “son corrientes y de uso común”, reconocidos por el dueño de la furgoneta a quien fue robada, según ha declarado el juez.

Sentencia final

– Jamal Zougam y Otman El Gnaoui han sido condenados a 42.924 años por la autoría material de los atentados.

– El ex minero José Emilio Suárez Trashorras, proveedor de los explosivos a los terroristas, ha sido condenado por los hechos de Leganés, por los que ha sido condenado a casi 35.000 años al aplicársele la atenuante de “anomalía psíquica”.

– Rabei Osman Al Sayed El Egipcio, considerado hasta ahora autor intelectual de los atentados y para quien se pedía 38.962 años, ha sido absuelto.

– Antonio Toro, quien se consideraba colaborador de Trashorras en la provisión de explosivos y para quien se pedían 23 años, ha sido absuelto.

– Carmen Toro, para quien se pedían 6 años por colaboración con la trama asturiana ha sido absuelta.

– Iván Granados, Brahim Moussaten, Emilio Llano, Javier González e Iván Granados, a quien se acusaba de facilitar el acceso a la Mina Conchita y para quien se pedían 4 años, ha sido absuelto.

– Abdelmajid Bouchar, para quien se pedía 38.960 años por autoría material en los atentados ha sido condenado a 18 años.

– Hamid Ahmidan, primo de El Chino ha sido condenado a 23 años de cárcel por su colaboración con la célula terrorista.

– Rachid Aglif, lugarteniente de El Chino, ha sido condenado a 18 de los 21 años que se solicitaban para él.

– Hassan El Hasky, para quien se pedía 38.962 años, ha sido acusado de dirigir la banda terrorista, por lo que se le ha condenado a 15 años de prisión.

– Youssef Belhadj, condenado a 12 años por pertenencia a banda armada, se pedían para el 38.962 años.

– Basel Ghalyoun, acusado de colaborar con banda armada, ha sido condenado a 12 años, que era la pena que se pedía para él.

– Esta ha sido la misma acusación de Mohamed Larbi Ben Sellam (para quien se pedían 27 años), Fouad El Morabit El Amghar (12 años), Mouhannad Almallah Dabas (12 años), Mohamed Bouharrat (12 años) y Saed El Harrak (12 años) han sido condenados a 12 años.

– Rafá Zouhier, quien puso en contacto a la trama asturiana con la célula terrorista, ha sido declarado culpable y condenado a 10 años de cárcel. Se pedían para él 38.968 años.

– Abdelilah El Fadual El Akil ha sido condenado a 9 de los 12 años que se pedían para él por colaboración con banda armada.

– Raúl González Peláez, acusado de facilitar el acceso a Mina Conchita, ha sido condenado finalmente a 5 de los 8 años que se pedían para él. .

– Bousbaa y Slimane Aoun han sido declarados culpables a 3 años por colaboración con banda armada.

Unanimidad

La sentencia ha sido firmada a las ocho y diez de la mañana de este miércoles histórico por Gómez Bermúdez y los otros dos magistrados que integran el tribunal, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás.

Según han explicado fuentes de la Audiencia Nacional, los magistrados han estado deliberando hasta el último momento y, tras firmar la resolución, se lo han comunicado al presidente de la Audiencia, Carlos Dívar.

Desde primeras horas horas de la mañana, las fuertes medidas de seguridad han blindado las instalaciones de la Casa de Campo.

Más de 500 periodistas de 150 países cubren la lectura pública de la sentencia más importante de la historia de España.

El problema del USB

El receso en la sesión del juicio que ordenó Bermúdez se debió a un problema informático que alteró el contenido de la sentencia y llegó a borrar algunas de sus partes. El parón, inicialmente atribuido a un problema con las fotocopias que se iban a repartir entre las partes y los medios de comunicación, se debió a que el ‘pen drive’ USB utilizado para transmitir la sentencia era virgen, lo que provocó alteraciones en su contenido.

Así, cuando Gómez Bermúdez estaba dando a conocer el resumen de la sentencia su compañero Alfonso Guevara detectó que había líneas del resumen redactado que no figuraban en la copia y que se habían introducido palabras erróneas como resultado de una corrección ortográfica automática.

Los tres magistrados decidieron detener la lectura y volvieron a extraer las copias del resumen en este caso desde el pen-drive que ha portado consigo en todo momento Bermúdez.

Del Burgo: “un primer acto” 

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y miembro de la dirección del Grupo Popular, Jaime Ignacio Del Burgo, aseguró que la sentencia sobre los atentados del 11-M “sólo es el fin del primer acto” porque, a su juicio, “quedan muchísimas incógnitas abiertas”. Así, señaló que la Policía no hizo “una investigación seria” sobre una posible implicación de ETA y calificó de “endeble” la argumentación de la sentencia en relación con la mochila de Vallecas o el tipo de explosivo.

Del Burgo, que fue uno de los representantes del PP en la comisión de investigación parlamentaria del 11-M, destacó que el fallo “deja en el aire” la autoría intelectual de los atentados y no aclara la “intencionalidad o impulso externo” acerca de por qué se pusieron las bombas. “Esta sentencia sólo el fin del primer acto y será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra”, dijo.

Para el diputado de UPN, en la valoración de la prueba que hace el tribunal “hay dos puntos manifiestamente endebles”: primero, el relativo a la argumentación por la que se da validez a la prueba de la mochila de Vallecas y, segundo, la alusión al explosivo como “tipo Goma”.

“Seguimos sin saber qué es lo que realmente estalló aunque el tribunal cree que puede ser dinamita robada en Mina Conchita”, indicó el diputado, para insistir en que estos dos “razonamientos” de la sentencia son “manifiestamente mejorables”.

Del Burgo afirmó que la sentencia tampoco ofrece una respuesta al punto relativo a los confidentes y, de hecho, se preguntó “cómo es posible que se cometiera el atentado” si se imputó a personas que eran confidentes o estaban vigiladas por las Fuerzas de Seguridad.