La reforma laboral ha sido ratificada hoy por el Congreso de los Diputados de España con el voto a favor de los parlamentarios del gobernante Grupo Socialista y gracias a la abstención del conservador Partido Popular (PP) y otros grupos minoritarios.

Además del PP, el principal partido de la oposición, se abstuvieron los nacionalistas catalanes y vascos, lo que permitió que el decreto-ley del Gobierno fuera convalidado en la cámara baja del parlamento.

De un total de 349 asistentes, 168 votaron sí, 8 lo hicieron en contra y hubo 173 abstenciones, con lo que la reforma tuvo más abstenciones que votos de respaldo, mientras uno de los 169 diputados socialistas se abstuvo.

Cumple los objetivos

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha sido el encargado de defender el decreto desde la tribuna de oradores. Corbacho ha asegurado que la reforma “no merma los derechos de quienes ya tienen un empleo estable”, y ha señalado los tres objetivos que busca: “Reducir la dualidad del mercado de trabajo, reforzar la flexibilidad interna en las empresas y mejorar las oportunidades de acceso al empleo de los desempleados”.

Corbacho, aseguró que la reforma laboral aprobada por el Gobierno favorece directamente a más de 8 millones de parados o trabajadores con un contrato temporal, mientras que mantiene los derechos de otros 11,5 millones de asalariados.

Ningún grupo de la oposición alabó la reforma, pero todos coincidieron (excepto IU-ICV) en la necesidad de que haya una reforma. Por eso y porque el Gobierno decidió tramitarla como proyecto de ley, lo que abre la puerta a su modificación en el Congreso, la mayoría de ellos -los tres principales, PP, CiU y PNV incluidos- optó por abstenerse. Sólo la izquierda (una decena de diputados) votará en contra.

Entre las críticas, los portavoces reprocharon a Corbacho la poca concreción en los motivos para el despido objetivo por causas económicas (“cuando de los resultados de una empresa se desprenda una situación económica negativa”, dice el decreto) y que la reforma llega “tarde, mal e impuesta”.

Superado este trámite, al Gobierno le queda quizá la parte más difícil. Tendrá que negociar con los grupos (le faltan siete votos para la mayoría absoluta) las modificaciones para que el proyecto de ley salga adelante después del verano.