La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado este viernes tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo tiene previsto promover reformas legales que impidan que formaciones ilegalizadas como ANV gobiernen en los ayuntamientos, aunque reconoce que no es un asunto fácil.

“Anuncio que el Gobierno va a promover las reformas legales necesarias para impedir que los representantes de una formación política ilegalizada puedan gobernar los ayuntamientos“, ha afirmado la dirigente socialista con rotundidad.

Además, ha añadido que ser hará “como siempre, con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias“. De la Vega ha asegurado también que el Ejecutivo seguirá siendo “muy escrupulosos con el cumplimiento de las leyes para que nadie pueda burlar la Ley amparándose precisamente en ella”.

Fernández de la Vega también ha transmitido la solidaridad del Gobierno con los familiares y amigos del empresario Ignacio Uría, asesinado por ETA en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, en la que gobierna ANV.

La propuesta del PP

La portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, está convencida de que la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local de 2003 permite dar cobertura a la disolución de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV, una medida que el PP ya ha pedido formalmente al Gobierno.

Para conseguirlo, según ha manifestado este viernes Sáenz de Santamaría, sólo haría falta la colaboración del Ejecutivo, con el que ha recordado que el PP mantiene un acuerdo en materia antiterrorista alcanzado entre el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el jefe de la oposición, Mariano Rajoy.

“Espero que todos juntos podamos sacar adelante, con una buena tarea política y jurídica, algo que la gente en la calle le cuesta mucho entender, y es que concejales de un partido ilegalizado por terrorista como ANV sigan al frente de los ayuntamientos”, ha apuntado en unas declaraciones en el Congreso de los Diputados.

Para conseguir este propósito, el grupo popular presentó ayer una proposición no de ley que también pide al Gobierno que adopte medidas para evitar que las alcaldías de ANV en el País Vasco y Navarra gestionen el dinero que les correspondería de los 8.000 millones del plan municipal anticrisis aprobado por el Ejecutivo.

De Cospedal y la sintonía con el Gobierno

Con anterioridad, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que la sintonía entre su partido y el Gobierno en materia antiterrorista “no puede ser completa” mientras el Ejecutivo no se asegure de que ANV deje de estar en los ayuntamientos e instituciones.

Cospedal ha subrayado que el Gobierno debe utilizar todos los medios jurídicos a su alcance para lograr ese objetivo, “como en su día se hizo”. “Fue muy mala la idea de que volviera ETA a las instituciones a sentarse en ayuntamientos y en el Parlamento vasco”, ha añadido.

Aislar a ANV

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha reiterado su coincidencia en la voluntad de aislar de la política vasca a los concejales y cargos públicos de ANV, pero ha advertido de que se tiene que hacer “sin atajos políticos ni legales”.

Llamazares se ha referido a la reunión que mantuvieron en la Cámara representantes de todos los partidos, los sindicatos y la patronal, en la que el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, pidió a los grupos políticos que se comprometan a desalojar a ANV de los ayuntamientos que gobierna en el País Vasco y en Navarra.

Una petición que Llamazares ha calificado como “imprudente”, porque “introdujo un elemento de diferencia y división entre los que estábamos de acuerdo en el rechazo y la condena del atentado de ETA” contra Uria.