El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene reabrir la parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42 -en el que fallecieron 62 militares en Turquía el 26 de mayo de 2003- relativa a la contratación del avión.

Zaragoza hizo esta petición en la vista de los recursos de apelación que interpusieron los familiares de los militares fallecidos contra el auto en el que juez Fernando Grande-Marlaska sobreseyó el pasado 1 de junio esta parte del procedimiento, ante “la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español”.

El fiscal, que no recurrió este archivo, dijo que apoyaba los recursos de las acusaciones particulares al considerar que “las víctimas, los familiares, los militares muertos merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación” que cree que hasta ahora ha sido insuficiente.

Recordó que esta misma Sala, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, ya ordenó, el 15 de julio de 2003, al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Grande-Marlaska y del que en esa fecha lo era Teresa Palacios, que “era preciso instruir diligencias para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa” en estos hechos.

Según Zaragoza, existen elementos suficientes para volver a ordenar que se haga una investigación porque, hasta ahora, el juez instructor “ha cercenado” la práctica de las diligencias que se le han pedido.

En este sentido criticó que Grande-Marlaska, en un año que lleva al frente del juzgado, no ha “practicado una sola diligencia para investigar” el accidente, y consideró que no debió acordar el sobreseimiento libre “cuando existe un hecho delictivo, como reconoce el propio juez en su auto”.

En su auto, el juez aseguraba que el avión era “apto para volar” y atribuía el siniestro a la “falta de preparación” de la tripulación, que también falleció en el accidente.

“Si el piloto es culpable, no se puede ordenar el archivo”, indicó Zaragoza, criticando que con esta decisión se dejan de investigar “muchas circunstancias”, como la “falta de preparación de la tripulación”, que no funcionara “el control de voz de la cabina”, que la “carga de combustible fuera insuficiente”, que la compañía a la que se contrató el vuelo “no tuviera licencia comercial”, o que “el avión no tuviera la documentación para aterrizar en España”.

“El personal estaba embriagado, no funcionaba la caja negra…”, prosiguió Zaragoza al insistir en que se dan los elementos “suficientes para hacer una investigación”, porque “¿se imaginan si esto hubiera ocurrido en un vuelo comercial? Se hubiera investigado hasta al apuntador”, sentenció.

Las acusaciones particulares que recurrieron el archivo, y que culpan a Defensa de lo ocurrido, expusieron por su parte los mismos argumentos que el fiscal y criticaron que el juez mantuviera que la contratación del vuelo (hecha a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte a la compañía ucraniana Um Air) fue por medio de un contrato privado.

“En ningún caso puede ser privado, ya que el Ministerio estaba al tanto de la contratación y subcontratación del vuelo”, manifestaron los abogados de la acusación, que denunciaron además que Defensa consignara un pago de 149.000 dólares por el vuelo pero luego realmente se pagaran por él 41.000 dólares, “de manera que hay 108.000 dólares” que “se perdieron por el camino”.

Por su parte, la defensa de Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa cuando Federico Trillo era el ministro de ese departamento, planteó que “cuando se dice que no se ha investigado, me recuerda a lo que dijeron algunos medios sobre el 11-M”.

“No hay nada más que saber, el auto del juez es ajustado a derecho. Se sabe que las autoridades y funcionarios de Defensa no tienen ninguna responsabilidad, y se sabe que la causa del accidente es un error humano”, señaló el abogado Joaquín Rodríguez Ramos.

Al archivo de esta parte del procedimiento se sumó después el sobreseimiento que acordó Grande-Marlaska en noviembre respecto a la investigación sobre las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 cadáveres, dando así carpetazo a la causa en su totalidad, decisión que, en este caso, ha sido recurrida, además de por los familiares, por la Fiscalía, aunque aún no hay señalamiento para la vista de estos recursos.

Bono y Trillo 

Uno de los abogados de las familias de las víctimas del Yakolev 42, Leopoldo Gay, manifestó su deseo de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoye sus peticiones de comparecencia de los ex ministros de Defensa, José Bono y Federico Trillo para dar sus explicaciones sobre el accidente del Yakolev 42 que en 2003 causó la muerte a 62 militares españoles.

No obstante, desde la asociación de familiares se pide ahora que la Fiscalía secunde también la totalidad de las pruebas solicitadas por la acusación particular entre las que se encuentran las comparecencias de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono, entre otros.   

En este sentido, Gay recordó en declaraciones a Europa Press que ya la Fiscalía había estimado pertinentes la mayoría de las pruebas pedidas por la asociación en junio y noviembre de 2006 entre la que se encontraban las comparecencias de los dos políticos.

Otras solicitudes

Además de los dos políticos, la asociación pretende las declaraciones del antiguo secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, número tres del Ministerio y quien ejercía como interlocutor con las familias. En la lista también está el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Luis Alejandre.

Requieren también las explicaciones del general Ibarreta, quien firmó el acuerdo de ventas con la agencia Namsa y el teniente coronel Marino, del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET). Este último llegó a elaborar un informe en abril de 2003 en el que se mostraba muy crítico con los transportes efectuados con aviones de las repúblicas ex soviéticas que los consideraba de alto riesgo.

Otra prueba que también estiman pertinente los abogados son los testimonios de los familiares ya que todavía no han podido decir nada en esta causa. Los familiares podrían ilustrar muy bien la situación”, explicó Gay quien recordó un caso en el que uno de los militares le dijo a un familiar desde Afganistán antes de partir: ‘ Llegaremos a Zaragoza a las seis de la mañana, eso si el avión llega porque tiene muy malas condiciones’.

Por último, sobre el cambio de postura realizado hoy por la Fiscalía, el abogado manifestó su satisfacción ya que, según dijo, “la acusación particular puede defender el interés particular de los familiares, pero la Fiscalía defiende siempre el interés general no el particular y por eso es cualitativamente muy importante”. Nos consuela y nos anima”, sentenció.