La legislatura que ahora acaba ha sido sin duda la más compleja y difícil desde la recuperación de la democracia. España ha estado cerca de la implosión y aún hoy subsiste el riesgo de que algunas de las costuras básicas del Estado, seriamente debilitadas por la herida abierta en Cataluña, no soporten la presión acumulada en estos últimos cuatro años. Los efectos de las tensiones sufridas en los ámbitos que en mayor medida condicionan la calidad de nuestra convivencia –económico, social, territorial, institucional–, van a tener seguro reflejo el próximo 20 de diciembre, cuando los españoles acudan a las urnas y se constate uno de los mayores vuelcos políticos de nuestra historia reciente: el exitoso asalto al bipartidismo de formaciones cuya acelerada implantación solo se explica a partir de la insistente indolencia y la falta de reacción de los partidos clásicos.

Todo indica que el 20-D va a sancionar un cambio profundo en las formas de hacer política, inducido por las tres grandes crisis que han detonado en este cuatrienio explosivo: la económica, la institucional y la generacional.

La crisis económica es sin duda la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha manejado con más tino. De haber cedido a las presiones externas y aceptado el rescate, hoy probablemente estaríamos hablando de menores niveles de crecimiento y de una prima de riesgo mucho más elevada. Cierto que la mejoría no ha calado en amplias capas de la sociedad, pero el paso previo a cualquier recuperación sostenida, en la economía global, es recuperar el crédito país.

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