El Tribunal Constitucional (TC) ha dado el primer paso para avalar la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género, que modificó varios artículos del Código Penal para dar a los jueces la posibilidad de imponer penas superiores a los hombres que a las mujeres por agresiones que se consideren violencia machista.

Desde que entró en vigor esta reforma, en junio de 2006, más de 22 jueces han planteado ante el alto tribunal casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad pues consideran discriminatorias las reformas del Código Penal. La primera en plantear esta cuestión fue María Poza, titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, que recurrió el artículo 153.1 y, como el resto de los jueces recurrentes, ha tenido durante este tiempo paralizadas las sentencias en que debían aplicar este artículo.

El 6 de marzo de 2008, el Constitucional había admitido a trámite 127 cuestiones de inconstitucionalidad sobre el artículo 153.1. Aunque ahora sólo se ha resuelto la primera, el resto se irán dictamienando con la misma doctrina una por una.

Después el tribunal resolverá las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas contra los artículos 171.4, 172.2 y 148.4 del Código Penal que también fueron modificados por la ley de Violencia de Género, y que establecen un agravamiento de las penas por lesiones o amenazas en caso de que el agresor sea un varón.

El artículo 171.4 (amenazas) ha sido recurrido en 56 ocasiones por once jueces; el 172.2 (coacciones) tiene tres cuestiones de incostitucionalidad y el 148.4 (que distingue la relación afectiva entre agresor y víctima a la hora de imponer la pena) una sóla. Estos dos últimos puntos sólo han sido recurridos sólo por el Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete.

La votación

Los magistrados que votaron a favor de la cuestión de inconstitucionalidad pertenecen todos al denominado bloque conservador del Constitucional: Roberto García-Calvo, Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez-Arribas, que han anunciado la redacción de un voto particular.

Por contra, avalaron la norma la presidenta y el vicepresidente del alto tribunal, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente; además de los magistrados Manuel Aragón, Elisa Pérez Vela, Eugeni Gay, Pablo Pérez-Tremps y Pascual Sala, que es el ponente de la resolución.

Guillermo Jiménez, conservador, se ha desmarcado en este asunto de la postura defendida por el resto de los magistrados de su misma tendencia y ha avalado la norma junto con los seis magistrados considerados progresistas. El texto del acuerdo, junto con los votos particulares, serán hechos públicos en los próximos días.

“Hecho histórico”

Según el CGPJ La decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley contra la violencia de género ayudará a “desactivar la respuesta organizada” de algunos sectores “deseosos de impedir la consolidación de los derechos reconocidos a las mujeres”.

La presidenta del Observatocontra la Violencia de Género de esta institución, Montserrat Comas, considera esta decisión un “hecho histórico”, pues supone que el alto tribunal avala los preceptos penales modificados por dicha ley, aprobada por unanimidad por el Parlamento.

En opinión de Comas, esta norma ha supuesto “una propuesta innovadora y firme del conjunto de las fuerzas políticas para erradicar una de las manifestaciones más brutales de la violencia contra las mujeres”. La constitucionalidad de la reforma, recordó, “ha sido el criterio abrumadoramente mayoritario de los órganos jurisdiccionales españoles llamados a interpretarla y aplicarla”ya que sólo una mínima parte de los juzgados competentes la han puesto en duda.