A lo mejor la escasa cuantía de las sanciones máximas por vertidos incontrolados (90,15 euros) se debe a que si se aplicara la ley al pie de la letra los primeros multados debían ser los ayuntamientos de Salamanca y de las localidades próximas. Llevamos ańos hablando de la depuradora y de la mejora de las riberas del Tormes, pero más de un 20 por ciento de las aguas residuales aún llegan directamente al río, sin tratamiento alguno. El reglamento municipal se ha quedado anticuado, aunque de poco valdrá aumentar el castigo económico si se hace la vista gorda y no se persigue hasta el final a los culpables.

Mientras tanto, populares y socialistas continúan enfrascados en su enésima polémica sobre el incremento de las tarifas del agua. Lo que para unos supone una subida del 14%, para otros no es más que una “tergiversación de la realidad”. En cualquier caso, la privatización del servicio no ha supuesto para los salmantinos las ventajas pregonadas a los cuatro vientos desde el consistorio. Lo más urgente ahora es culminar la red de emisarios, con el fin de dar un respiro al Tormes y evitar los vertidos. Sólo por eso merece la pena asumir un aumento de las tarifas.