La voz de alarma ha saltado entre los empresarios dedicados a la atención de la dependencia, quienes han visto peligrar sus negocios ante las deudas de la Administración Pública. No son los únicos. A principios de semana, CCOO y UGT se concentraron para denunciar que la Generalitat Valenciana adeuda a trabajadores y usuarios de los centros y servicios relacionados con este sector alrededor de 75 millones de euros.

Según los sindicatos, algunas empresas deben nóminas de entre dos y cuatro meses a sus trabajadores. Por su parte, las entidades prestadoras de estos servicios “se encuentran asfixiadas económicamente”.

Precisamente medio millar de empresarios del sector decidirán una estrategia común ante lo que puede acabar, aseguran, en “un aluvión de cierres”. Será en una reunión  en Valencia, el próximo 21 de octubre y de ahí esperan adoptar una postura conjunta en toda España.

En el encuentro se presentarán datos de la situación por comunidades autónomas y se consensuará una acción conjunta, según asegura la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte).

Igual que los proveedores

Los proveedores de la sanidad pública valenciana también se están enfrentando al mismo problema. Según la plataforma que engloba a los empresarios, la Generalitat les debe 100 millones de euros. Sin embargo, la conselleria de Sanitat maneja otras cifras y asegura que la deuda asciende a 24 millones de euros. Desde la plataforma insisten en que los números de la Generalitat “no son ciertos”. “Hay mucha factura oculta que los directores no han facilitado”, remarcan.