El Ayuntamiento de Alcorcón, que dirige el socialista Enrique Cascallana, ha denunciado la muerte de una anciana de 86 años por presuntas negligencias en una residencia de mayores de la Comunidad de la que sólo un tercio de las plazas son públicas. Otra mujer de 82 años sufre gangrena en una pierna. Las plazas que oferta la Comunidad de Madrid en el centro, gestionado por la empresa AMMA Gerogestión, se incluyen en el llamado Plan de Velocidad del Ejecutivo regional.

Ese plan, lanzado en el año 2004 y al que pertenece la residencia AMMA Alcorcón, tenía por objetivo “promover nuevas plazas de mayores en el menor tiempo posible” y contemplaba la creación de más de una treintena de nuevas residencias hasta 2007.

El Ayuntamiento de Alcorcón explicó que había recibido tres denuncias de familiares de usuarios en las últimas semanas, “dos de ellas muy graves”. 

El concejal de Salud Pública y Consumo, Antonio Elviro, explicó que la mujer fallecida sufrió una caída en su habitación el 22 de septiembre a las siete de la mañana. Fue hallada a esa hora tirada en el suelo, pero “no recibió la primera visita médica hasta las 14.00 y el equipo médico de la residencia no vería necesario su traslado al hospital hasta las 18.00”. El Hospital Fundación de Alcorcón informó esa noche a las familias de que su estado era “crítico”. La mujer falleció a la mañana siguiente.

El Grupo AMMA, gestor de la residencia, precisó que no está confirmada la relación entre “una supuesta falta de atención asistencial en el centro” y el fallecimiento de una anciana de 86 años. La empresa explicó que la mujer “fue atendida inmediatamente por el personal de la residencia”. 

Expediente 

El mismo día 22, la residencia llamó a la hija de la segunda anciana para avisarle de que “no se asustara porque se le ha vendado el pie por unas heridas” que tenía. Con el paso de los días, la hija preguntó “si se está cuidando a su madre” porque vio que la venda algunos días no había sido cambiada.

El día 30 la llamaron para acompañar a su madre al hospital, donde los médicos encontraron el pie gangrenado. La “única solución” era la amputación que, finalmente y por decisión familiar, no se llevó a cabo por la edad avanzada de la paciente.

La Comunidad tiene un expediente abierto -en el que se incluyen las irregularidades denunciadas por el Ayuntamiento de Alcorcón- contra la residencia por “ciertos problemas de personal” que detectó en una inspección el pasado día 7. El Ejecutivo de Aguirre anunció que “estudiará y verificará” las irregularidades que ha denunciado el Consistorio.

“Serán los servicios de Inspección de la propia Consejería la que verifique las irregularidades y se determinen las sanciones pertinentes si se verifica cualquier tipo de irregularidad”, según el comunicado del Ejecutivo regional. 

AMMA investiga lo sucedido para depurar “todas las responsabilidades que puedan derivarse en el caso de que se haya producido alguna actuación inadecuada”.

Suelo cedido

El centro, situado en la calle Gabriela Mistral de Alcorcón, funciona desde septiembre de 2005. El precio de cada una de las 180 plazas, tasado por la Comunidad, asciende a 1.800 euros al mes. Un tercio de las mismas son públicas y los residentes las pagan en función de su pensión, informa Europa Press.

Para la puesta en funcionamiento de estas residencias de gestión privada, los ayuntamientos ceden -según lo establecido en el Plan de Velocidad- el suelo en el que se edifican las residencias. Las empresas contratadas, mediante concurso, se ocupan de la construcción, equipamiento y la gestión de los centros, y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales financia las plazas.

El Ayuntamiento de Alcorcón reclamó una “actuación inmediata” por parte del Gobierno regional, por tener competencias en esta materia -la residencia está construida en suelo público cedido a la Comunidad-.

La concejala de Servicio Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón, Marina Fernández Arroyo, telefoneó por la mañana al director general del Mayor, José María Alonso Seco, para informarle del caso y trasladarle la “gravedad de la situación”. Acto seguido le remitió los documentos facilitados por los familiares.

Fernández Arroyo explicó que la Administración local “quiere comprobar estas denuncias” aunque “no tiene capacidad de inspección ni de control”. El Consistorio ha solicitado una reunión urgente este viernes con los responsables de la Comunidad. En ese encuentro “exigirá la apertura de una investigación en profundidad para aclarar lo ocurrido y evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.