Ya se han cumplido” los plazos de la ley de enjuiciamiento en el caso del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) que la Junta de Castilla y León tiene proyectado construir en el término municipal de Gomecello. Así lo manifestó la vicepresidenta de la Junta y exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, aunque se apresuró a ańadir que “los tribunales de Justicia son autónomos, de manera que ellos resolverán cuando consideren que procede”.

Ruiz afirmó, en todo caso, “que es muy importante para nosotros que resuelvan lo antes posible”. Quien fue responsable medioambiental del Ejecutivo regional hasta la semana pasada participó en la inauguración de las jornada sobre sociedad y medio ambiente que organizan UGT-Castilla y León, el departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca y el servicio de Cursos Extraordinarios y Formación Continua de la institución académica, con la colaboración de la propia Junta. La vicepresidenta de la Junta seńaló que uno de los argumentos por los que el Tribunal Superior de Justicia ha paralizado la construcción del CTR es “que el Plan Regional de Residuos había que volverlo a tramitar”. Ańadió que, “si ese es el argumento único que mantiene la sala, a muy poco espacio de tiempo se subsanaría por sí mismo; por lo tanto, yo creo que no hay ningún argumento para que esto no continúe”.

“No tengo que decirle nada al consejero”, declaró en referencia a su sucesor, “él conoce muy bien cuál es la situación que tenemos en ese expediente y cuál es la gravedad del problema al que en estos momentos se enfrenta el conjunto de la sociedad de Salamanca”.

NO A OTRO PROYECTO Lo que tiene claro la vicepresidenta de la Junta es que no se plantea la posibilidad de buscar otra ubicación para el CTR. “No es que no nos lo planteemos porque consideremos que eso es absolutamente una cuestión de cabezonería”, dijo, “sino porque seguimos manteniendo que es un lugar perfectamente apto, que cumple todos los requisitos medioambientales, que tiene hecha una tramitación perfecta, que se ajusta en todos los parámetros a la ley que tiene Castilla y León”. Ruiz también seńaló que “las nuevas alternativas pasan por una nueva tramitación de un expediente que puede tardar aproximadamente dos ańos”.