El Gobierno catalán ya tiene los argumentos necesarios para plantear la negociación de un concierto fiscal para Cataluña de características similares a los modelos vasco y navarro.

Será una de las primeras cuestiones que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, plantee al nuevo presidente del Gobierno español que gane las elecciones el próximo 20 de noviembre. El Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) entregó ya un completo informe sobre la posibilidad de que Cataluña tenga un modelo de financiación diferenciado del resto de comunidades autónomas, con la gestión y la recaudación de todos los impuestos en esta comunidad y luego el pago al Estado de un cupo determinado cada año.

Ante la posibilidad de que el modelo de “concierto económico” tal y como se entiende para los territorios forales sea rechazado, los expertos aluden a un “sistema de financiación basado en el concierto”. Se trataría de un “modelo de cesión total de tributos con cuota de retorno” que, en realidad, poco difiere del sistema foral. Pero, al menos semánticamente, pretende así soslayar los problemas de inconstitucionalidad.

De lo que se trata, pues, es de controlar los flujos monetarios. Quien tiene el dinero, tiene el poder. Con el modelo de concierto, la Generalitat dispondría de dinero en efectivo para hacer frente a sus gastos, sin tener que esperar a los traspasos financieros que debe realizar el Gobierno central. Y, de esta manera, evitaría el tener que acudir a la emisión de bonos o deuda pública para financiarse. En estos momentos, por ejemplo, la Generalitat ha tenido que realizar una emisión de más de 3.000 millones de euros para hacer frente a los intereses de la deuda emitida el año pasado. Y ello se debe, en parte, a una sencilla cuestión, dicen los dirigentes nacionalistas: el Gobierno central no paga sus deudas desde hace tres años y, además, se niega a abonar hasta el año 2013 el Fondo de Competitividad previsto en la ley, lo que, en una época de profunda crisis, agrava las finanzas del Gobierno autonómico. El sistema propuesto por el IEA destaca que el establecimiento de un régimen especial de financiación para Cataluña sería plenamente constitucional si se hace a través de la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Además, no afectaría al principio de solidaridad de Cataluña para con el resto de comunidades y establece mecanismos de compensación por si el gasto de Cataluña se dispara, al mismo tiempo que blinda el pacto bilateral que suscribirían el Estado y la Generalitat.

El documento en cuestión será enviado a la Comisión de Estudio de un Nuevo Modelo de Financiación basado en el Concierto Económico, creada en el Parlamento catalán y que debe emitir sus conclusiones a finales de este mes de octubre. Después serán debatidas en el Pleno de la cámara y enviadas al Ejecutivo catalán, que tiene que redactar el documento final para poner sobre la mesa del Gobierno español.

Tensión por el pacto fiscal.
Pero, aunque en principio todos los grupos parlamentarios forman parte de la comisión, las tensiones han aflorado en su interior en las últimas semanas. Por una parte, tanto el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) como el PP han alertado de que las conclusiones de la misma ya están pactadas de antemano entre CiU y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Los dos partidos nacionalistas han presentado incluso un avance de las conclusiones provisionales, cuando los trabajos en el seno de la comisión no han acabado.
CiU, sin embargo, no quiere dar la sensación de que ha ganado el “frente nacional” en el órgano y ha aceptado la petición de socialistas y populares de que, aunque el informe se emita ahora, no se debata en el Pleno hasta después de las elecciones generales para evitar interferencias en la campaña electoral.

El concierto económico (o pacto fiscal, como también se le conoce), será sin embargo uno de los temas estrella de la contienda política, según reconoce a Tiempo Ramón Espadaler, portavoz adjunto de CiU en el Parlamento catalán: “Buscaremos un apoyo lo más amplio posible para plantear el concierto. Que no parezca que sea una propuesta de dos partidos solos, como CiU y ERC o CiU y PSC, sino que sea una propuesta de Cataluña. Para ello, buscaremos apoyos dentro y fuera del Parlamento, movilizando a la sociedad civil”, dice.
Para el portavoz socialista, Miquel Iceta, en cambio, el proceso obedece a maniobras tácticas de los convergentes. “No sabemos qué hará CiU, ya que parece que ha dejado de tener prisa por debatir el tema en la cámara”, señala a este semanario. Por no saber, no sabe siquiera si las propuestas particulares de cada grupo parlamentario podrán ser debatidas en la comisión o se dejarán para el pleno parlamentario.

El PP, por su parte, mantiene que no es necesario un nuevo modelo de financiación, ya que se puede actualizar el actual sin problema alguno. Oficiosamente, los dirigentes populares reconocen que “Mariano Rajoy ya le ha dicho a Artur Mas que será difícil alcanzar un pacto fiscal, aunque está dispuesto a dialogar sobre el tema”. Este rechazo, sin embargo, no cierra las puertas a que el PP se pueda sumar a un frente catalán. “De momento, el PP ha hecho el esfuerzo de sentarse en la comisión, cuando en otro tiempo posiblemente lo hubiera rechazado”, indica Espadaler.

Otra cosa es Ciudadanos, que abandonó la comisión abruptamente. “La comisión era un paripé, una farsa, una engañifa”, dice a Tiempo el portavoz de esta formación, Jordi Cañas, quien recuerda que el Consejo Consultivo de la Generalitat del año 2005 declaró inconstitucional un artículo del Estatut sobre la capacidad normativa fiscal de la Generalitat.