En Barcelona hay cerca de una decena de desahucios diarios por impago, la antesala de la exclusión social. Por ello, Cáritas se ha propuesto ahora poner especial énfasis en proteger la vivienda de la población más vulnerable.

La entidad abrirá en septiembre un nuevo servicio de mediación para evitar el desalojo de las personas con dificultades para pagar el alquiler y la hipoteca. Este servicio concederá ayudas, proporcionará asesoramiento jurídico e intermediará con bancos y arrendatarios para buscar una solución alternativa al desalojo.

“Negociaremos la conversión de las hipotecas en alquileres accesibles y pediremos la condonación de la deuda a cambio del piso hipotecado”, explicó el director de la entidad, Jordi Roglá.

Una vez más, Cáritas denunció ayer que no da abasto.

En 2010 atendió a 56.789 personas, más del doble que hace cuatro años. La responsable de programas, Mercè Darnell, dijo que las ONG “no pueden suplir el Estado del bienestar” y criticó duramente a la Administración: “Los recortes sociales de hoy serán más pobreza y exclusión mañana”.