Con la casi segura nacionalización de Repsol-YPF el peronismo vuelve a mostrar su cara más deplorable.

El próximo 25 de los corrientes arranca en Buenos Aires la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana bajo el muy oportuno y divertido título de “Modernización, confianza pública en la Justicia, nuevas tecnologías y transparencia”. Para partirse el pecho a reír. Hablar en el corazón de Buenos Aires (Hotel Alvear, un respeto) de confianza pública en la Justicia a los pocos días de que el Gobierno de Su Excelencia Cristina Fernández amenazara al presidente de una empresa española, Repsol, de eliminar de un plumazo, y por el artículo 33, sus participaciones en YPF si no aceptaba perder la mayoría (rebajando hasta un 30 por ciento su posición), es lo más parecido a contar un chiste verde, y malo, en una sacristía. “Si querés el 30 por ciento de YPF te quedás con el 30 por ciento, y si no aceptas te quedás con nada”, cuenta la prensa argentina que le plantificó el ministro de Planificación de aquel país, Julio de Vido, al presidente de Repsol, Antonio Brufau. De Vido es un todo un personaje en Argentina. Hace un par de años la Auditoría General de la Nación (AGN) -algo así como nuestro Tribunal de Cuentas- denunció que De Vito, perdón, De Vido, envió sin las autorizaciones preceptivas, 76 millones de dólares para electrificaciones eléctricas a… ¡¡¡las Islas Caimán!!! ¿Cómo era aquello de que para los trabajos más sucios la gente más limpia?

Por lo que sé, hasta ahora la gestión de Repsol-YPF no ha sido precisamente brillante. Es más, en la sede madrileña de la petrolera se venía advirtiendo cierta preocupación por las decisiones de los directivos bonaerenses. El gobierno argentino reclama a la compañía hispano-argentina reinversiones comprometidas y no realizadas por valor de 15.000 millones de dólares (cifra que, por otro lado, nadie ha documentado convenientemente). Da igual. Las deficiencias en la gestión los deben resolver los propietarios de las empresas, y los compromisos incumplidos se dirimen en negociaciones o ante los tribunales. Lo que no puede admitirse es la ruptura unilateral de las reglas de juego, la aceptación sin más de una intolerable injerencia del poder político en el libre mercado arguyendo razones de interés general cuando a lo que huele esta estrategia de acoso es a operación particularísima.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, será la máxima autoridad española presente en la cumbre judicial del día 25. Si la tormenta no despeja, si el peronismo gobernante mantiene su inclasificable órdago, Dívar está obligado a defender al Estado al que representa y, lo que es aún más importante, a los principios del Derecho que parece despreciar el Gobierno argentino y que sitúan la seguridad jurídica como uno de los ingredientes básicos que miden la madurez y credibilidad de una democracia. Estaremos atentos a lo que haga o deje de hacer Dívar. Mientras tanto, el que debe seguir moviendo todos los peones para evitar el doble oprobio es el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El populismo barato de la señora Fernández puede cobrarse la pieza de Repsol-YPF, pero no debería ganar una batalla que no solo incumbe a España, sino a toda la Unión Europea y a los países iberoamericanos que hace tiempo que dejaron de interpretar la democracia como el corralito privado de un puñado de privilegiados.